12
de enero de 1990. La prensa informa de las críticas hacia el traslado
del Congreso a Valparaíso y de la reciente modificación del DFL 200, el
cual permitía al Ejército prestar servicios a particulares y actuar como
una empresa con plena independencia, lo cual fue visto en la oposición
como una medida para dar más poder al general Augusto Pinochet. Esa
jornada, el entonces ministro del Interior, Carlos Cáceres, celebraba la
decisión del comandante en jefe y de sus pares de la Fuerza Aérea y
Carabineros de permanecer en su cargo después de la asunción del próximo
Presidente Patricio Aylwin, lo cual, a su juicio, era “positivo para el
país y la transición política”. Ese mismo día, en Talca, nació Jorge
Brito Hasbún, quien desde el próximo martes será el presidente de la
Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados más joven de la historia, y
el primero en nacer después del plebiscito de 1988 y la elección
presidencial de 1990, hitos que sellaron el retorno a la democracia en
Chile. Sin embargo, pese a que han pasado casi tres décadas, los
problemas que tendrá que asumir durante su periodo al mando de la
instancia están ligados a los hechos que ocurrieron desde la época en
que vivió su niñez. Los fraudes detectados en el Ejército y las
dificultades para castigar a sus protagonistas seguirán siendo prioridad
en su gestión.
Así
lo explicó el parlamentario de Revolución Democrática (RD) a Emol,
subrayando que durante su período intentará llevar a cabo un “cambio de
paradigma”, poniendo énfasis en dos ejes temáticos: Nuevo perfil de
legislación pro-personal de las Fuerzas Armadas y generar cambios a la
gestión de compra y financiamiento de sus instituciones. En el primer
punto, señaló que la idea es generar “medidas para mejorar las
condiciones del personal de las FF.AA., tanto en su carrera, como en la
protección de sus derechos, con el objetivo de desarmar los privilegios
de la institución que hasta el momento se han traducido históricamente
en regalías exclusivas para los altos mandos”. “Dichos cambios se van a
materializar en mociones sobre protección al denunciante, el fin a la
justicia militar para que los delitos comunes se vean por la justicia
ordinaria, y tipos penales agravados para los abusos sexuales dentro de
la institución”, detalló. En cuanto al segundo eje, el legislador del
Frente Amplio explicó que el objetivo es “acabar con la legislación
actual, que permite la corrupción y los fraudes permanentes y resguardar
los recursos públicos a través del control civil y políticas económicas
ad-hoc”. “Dichos cambios se van a traducir en las siguientes mociones
parlamentarias: Modificaciones a la legislación de compras conforme a
las recomendaciones de la comisión investigadora que presidí en 2018, y
un exhaustivo cuidado y tramitación en la ley de financiamiento de las
fuerzas armadas del Gobierno”, indicó.
“Hay que mejorar las instituciones”
En
ese contexto, el diputado explicó que “es ingenuo pensar que los
fraudes acabarán solo con procesos judiciales. Debemos hacer que salga
difícil y caro para un militar el defraudar a Chile. Hay que mejorar las
instituciones, y cuidar a su gente buena”. “Por eso tenemos un proyecto
de ley que protege a los denunciantes, y queremos que se entienda de
una vez por todas que los militares son ciudadanos con uniforme, que
tienen derechos a la jornada laboral decente, al descanso, al trato
digno, y a no tener que cargar con la mochila de los fraudes de sus
superiores”, añadió.
A
su juicio, “si un año hay un fraude en el Ejército es problema de los
militares y si hay un segundo fraude, ya se complica la cosa. Pero si
hay un tercero, ya es culpa nuestra, es culpa de los gobiernos y los
políticos que no han tocado estas instituciones”. “El país ha avanzado
bastante, pero algunas instituciones aún funcionan ancladas en el siglo
XX. No es posible tener una buena defensa si no tenemos buenas
instituciones, con probidad, resguardo a los honestos, castigo a los
fraudes, y lejos y apartadas de odios, racismo o cualquier mala
intención que ande rondando por ahí”, enfatizó. Finalmente, Brito
recalcó que “todos los proyectos que aumentan el control, la probidad y
la equidad de género serán puestos en tabla. Puedo entender que tengamos
posiciones distintas, pero no puedo entender como en pleno año 2019
algunos evadan este debate”.