A
través de un correo electrónico, el director de la Unidad de Derechos
Humanos y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional, Luis Torres
-quien fue designado como enlace formal con la oficina vaticana de
denuncias que se instalará en Chile-, informó a los fiscales regionales
de todo el país de la decisión del Ministerio Público de requerir al
Estado Vaticano, amparados en la Convención de Palermo de la ONU -que
establece la cooperación cuando se trata de delitos transnacionales-,
los expedientes respecto de sacerdotes involucrados en delitos sexuales a
menores.
Para
ello, les pidió recabar la información disponible en sus zonas respecto
de eventuales ilícitos cometidos por miembros de la Iglesia Católica en
que se haya vulnerado la integridad e indemnidad sexual de menores de
edad, para incluir estas causas en el requerimiento de cooperación
internacional al Vaticano.
La
convicción es que, tal como hizo el fiscal de O’Higgins, Emiliano
Arias, en relación a las acusaciones en contra del ex canciller del
Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, existe en otras localidades
antecedentes que permitirían abrir investigaciones por oficio. Se
menciona, por ejemplo, la situación de Valparaíso.
La
idea es contar a la brevedad con los antecedentes disponibles para
elaborar el escrito en que formalmente se va a requerir que la
Congregación para la Doctrina de la Fe disponga el traslado de los
antecedentes de religiosos que fueron sancionados en procesos canónicos
al menos desde la década del 2000 a la fecha, que es el periodo en que
entró en vigencia la Ley de Reforma Procesal Penal en Chile.
En
paralelo, se requerirá que las Diócesis liberen las investigaciones
previas que involucran a menores.
Ambas
cosas fueron denegadas a la Fiscalía de O’Higgins cuando, como publicó
La Tercera, el obispo Alejandro Goic informó del requerimiento a la
Santa Sede, lo que motivó la ejecución de la histórica orden de entrada,
registro e incautación en el Tribunal Eclesiástico, el Arzobispado de
Santiago y la Diócesis de Rancagua.
En
la instancia, que según sus asistentes fue cordial y en que se reafirmó
la decisión de Scicluna de aportar la información requerida para los
procesos judiciales, se detalló que se trabajaría intensamente para, en
el menor tiempo posible, dar curso a la colaboración comprometida.