Una extensa jornada tuvo en el Congreso el Contralor General de la
República, Jorge Bermúdez, quien participó de las sesiones de las comisiones de
Minería en el Senado y la Cámara de Diputados. En ambas instancias, explicó los
alcances del dictamen que cuestionó el pago de una indemnización por $511
millones al ex ejecutivo y ex director de Codelco Augusto González.
Por la mañana, en el Senado, el fiscalizador no descartó revisar otros
planes de retiro de la compañía. “Esperamos clarificar esto más adelante”, dijo
ante la consulta de los senadores, y dejó entrever que incluso podría haber más
auditorías a planes de egreso de la estatal.
Respecto del dictamen, indicó que Contraloría no ha negado a la cuprera la
posibilidad de establecer negociaciones colectivas ni planes de egreso. “En
ningún caso hemos desconocido ni la posibilidad de negociar colectivamente, ni
que puedan existir convenios colectivos, como se ha tratado de caricaturizar la
posición de la Contraloría. Solo la falta de comprensión lectora podría dar
cuenta de una conclusión así”.
El Contralor además agregó que, en noviembre de 2015, la Contraloría pidió
información sobre esta indemnización a Cochilco, organismo que respondió en
enero de 2016. La respuesta no fue satisfactoria para la Contraloría, que
solicitó nuevos antecedentes, los que fueron entregados por la Comisión en
junio de 2016.
Bermúdez se mostró sorprendido por el que denominó “mes de bombardeo
mediático”, como calificó a las apariciones en prensa de los ejecutivos de la
cuprera estatal. “Desde el dictamen, en cuatro semanas, no nos han pedido una
reunión con los directivos de Codelco”, dijo.
El contralor sostuvo que no existe un hostigamiento por parte de la
repartición que dirige, señalando que las últimas investigaciones detalladas
que este organismo dirigió fueron el denominado caso Dávila, a comienzos de los
‘90, y una auditoría por unos bonos cuyos resultados fueron decretados en
reserva. “Me parece que más que molestar el dictamen, lo que molesta es el control”,
afirmó.
Además, se refirió a los dichos de los directivos de la cuprera, quienes
anunciaron la elaboración de informes en derecho en la materia. “Esos informes
cuestan $ 30 millones cada uno. Con ese dinero contrato a un fiscalizador y
medio”, dijo.
“Nadie en el Estado está fuera del control. Aquí no hay un Estado dentro
del Estado”, dijo Bermúdez tras salir de la Cámara de Diputados en la tarde.