La acusación presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra ocho empresas procesadoras de centolla en Magallanes ha remecido a la región y al país.

El organismo denunció que durante al menos una década estas compañías se coordinaron para fijar precios de compra artificialmente bajos a los pescadores artesanales, configurando lo que describió derechamente como un “cartel”.

El caso ahora está en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que deberá resolver si existió efectivamente colusión y aplicar las sanciones correspondientes.

Con la gravedad de la acusación y las consecuencias que una acción de esta magnitud habría ocasionado en las personas dedicadas a la pesca artesanal y también a los armadores, las manifestaciones de repudio han sido las protagonistas desde diversos sectores de la sociedad civil.

Hablan los afectados

Desde el sector artesanal, la indignación es evidente. Jorge Oyarzún, representante del Comité de Crustáceos, advirtió que las consecuencias han sido devastadoras.

“Hoy día tenemos pescadores, armadores que están empobrecidos, se le quitaron las embarcaciones, se remataron embarcaciones por deudas que no podían pagar. Es muy grave lo que está pasando para el sector de pesca, demasiado grave” apunta el dirigente gremial, señalando además que queda a la expectativa de las acciones legales que decidan emprender desde el gremio.

Voces desde el gobierno central

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, fue categórico al rechazar la práctica: “La colusión en el mercado de la centolla no sólo vulnera la libre competencia, sino que golpea directamente a los pescadores artesanales de Magallanes, que dependen de esta actividad para sostener a sus familias”.

Asimismo, señaló que “es inaceptable que empresas se coordinen por años para fijar precios y maximizar sus ganancias, afectando el precio justo a quienes realizan el esfuerzo pesquero”.

El subsecretario subrayó que en la región hay más de 850 embarcaciones inscritas para centolla, con cerca de 2.000 familias involucradas cada temporada, y anunció que Subpesca sostendrá reuniones con los afectados para mantenerlos informados de la investigación.

Preocupación en el Congreso

En el ámbito político, el diputado Christian Matheson calificó como “impresentable” la supuesta coordinación industrial, apuntando que estas empresas “obtuvieron un rédito económico en desmedro del trabajo de los pescadores artesanales de la región”.

Adicionalmente, el legislador pidió que las multas “vayan en directo beneficio de los pescadores afectados y no sólo al fisco”.

En tanto, la diputada Javiera Morales fue más allá exigiendo indemnizaciones y transparencia sobre eventuales beneficios estatales recibidos por las empresas involucradas: “Me urge saber cómo van a indemnizar esas empresas a los cientos de pescadores artesanales que fueron afectados durante diez años por esta colusión”, relevando a su vez el detalle no menor que representan los beneficios a razón de leyes de excepción que eventualmente percibirían las compañías infractoras.

“Estas empresas recibían apoyo estatal a través de la Ley Navarino, mientras cometían delitos que despreciaban el trabajo de cientos de pescadores. Este delito no puede quedar impune”.

Repudio regional

Las autoridades regionales también se hicieron eco de la indignación que causó en la región el conocimiento de la denuncia, elevando su voz de rechazo y exigiendo justicia.

El delegado presidencial, José Ruiz, coincidió en que este tipo de casos horadan la confianza en el sistema económico: “Cuando hay colusión no sólo se daña la libre competencia, se daña la cohesión social y la democracia local”.

Ruiz empatizó con los pescadores señalando que “se perjudica a tripulantes que enfrentan tareas cada vez más arduas, con recursos alejados y precios artificialmente bajos. Esto también daña la cohesión social y la democracia local”.

En tanto, la seremi de Economía, Marlene España, reforzó la importancia de que existan “mercados transparentes y justos” y comprometió el respaldo del gobierno a los pescadores artesanales de la región.

España remarcó además la importancia de la institucionalidad para proteger a quienes sufren este tipo de injusticias: “Valoramos que las instituciones actúen frente a eventuales prácticas que pueden afectar la libre competencia. La centolla es un recurso clave para Magallanes y sobre todo para nuestros pescadores artesanales”.

En tanto el consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, añadió un matiz territorial clave: “La centolla es uno de los productos más emblemáticos de la gran Tierra del Fuego. Estas conductas representan un riesgo concreto para la economía local y el sustento de numerosas familias que dependen de la extracción artesanal”.

Relevó a su vez el core, la necesidad de aplicar “sanciones ejemplificadoras”, señalando que “además del daño económico se ha provocado un daño histórico a la pesca artesanal, uno de los baluartes productivos de nuestra región”.

Con la acusación ya presentada, la FNE solicitó multas que superan los US$ 54 millones contra las compañías y ejecutivos implicados. El proceso judicial recién comienza, pero las demandas desde Magallanes son claras: justicia rápida, sanciones duras y mecanismos de compensación real para los pescadores que durante años vieron cómo su trabajo era depreciado por prácticas ilegales de la industria.

Las claves del caso que afecta a la pesca artesanal de Magallanes

¿Qué se investiga?

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a ocho empresas pesqueras de Magallanes de haberse coludido durante una década para fijar precios artificialmente bajos en la compra de centolla a pescadores artesanales.

¿Qué significa colusión?

Es un acuerdo ilegal entre empresas para manipular precios, repartirse mercados o limitar la competencia. En este caso, la acusación indica que las compañías compartían información estratégica para reducir el valor pagado a los productores, afectando directamente sus ingresos.

¿Quién juzga el caso?

El proceso se lleva a cabo en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Si se comprueba la colusión, este tribunal puede aplicar las multas más altas contempladas en la ley.

¿Qué sanciones arriesgan las empresas?

• Multas que pueden llegar hasta el 30% de las ventas asociadas al mercado afectado.
• Multas personales a ejecutivos involucrados, que pueden superar los 1.000 millones de pesos.

• Inhabilidad para ejercer cargos directivos en empresas.

• En casos graves, incluso podría configurarse responsabilidad penal bajo la Ley de Delitos Económicos.

¿Qué dicen los afectados?

Los pescadores artesanales denuncian empobrecimiento, pérdida de embarcaciones y deudas impagas, responsabilizando a esta práctica por el deterioro del sector.

¿Qué piden las autoridades?

Parlamentarios como Christian Matheson y Javiera Morales reclaman que las multas beneficien directamente a los pescadores, y no sólo ingresen al fisco, mientras dirigentes evalúan demandas colectivas.

¿Por qué importa este caso?

La centolla es un recurso clave para la economía de Magallanes. La acusación no sólo cuestiona la libre competencia, sino que abre un debate sobre el rol del Estado, los subsidios recibidos por algunas de estas empresas y la necesidad de reparar el daño causado a las familias de pescadores.