La tolerancia cero contra el fuego en las áreas silvestres protegidas de Magallanes sumó ayer cuatro nuevos infractores. En dos procedimientos independientes, la administración del parque y Carabineros de avanzada concretaron la detención de un grupo de turistas extranjeros que ignoraron las estrictas normativas de seguridad ambiental.
Dada la vulnerabilidad del ecosistema y el historial de megaincendios que han devastado miles de hectáreas en el pasado, las autoridades actuaron de forma inmediata, procediendo a la detención y traslado de los sujetos hacia Puerto Natales.
La jornada de fiscalización se dividió en dos hitos críticos dentro del circuito de montaña:
Paine Grande (12:00 hrs aprox.): Un guía de turismo detectó a tres ciudadanos de nacionalidad rusa manipulando una fuente calórica (cocinilla o similar) en un área no autorizada. Tras la denuncia, Carabineros interceptó al grupo durante la tarde, procediendo a su arresto inmediato.
Sector Dickson (Horas más tarde): Un turista estadounidense, a pesar de viajar con un grupo guiado, fue sorprendido fumando en un lugar prohibido. Pese a las advertencias generales que se entregan al ingreso del parque, el sujeto infringió la normativa de prohibición de fuentes de calor, siendo también trasladado a custodia policial.
La Ley de Áreas Silvestres Protegidas es categórica respecto a estas conductas. Cualquier persona que sea sorprendida manipulando fuego, cocinillas o fumando fuera de los nodos de campamento autorizados se expone a:
Expulsión inmediata del Parque Nacional Torres del Paine.
Prohibición de ingreso a cualquier área protegida del país.
Acción penal: Multas gravosas e incluso penas de cárcel según la magnitud del riesgo generado.
"La seguridad del parque no es negociable. El uso de cualquier fuente de calor fuera de las áreas designadas es motivo de persecución penal inmediata", recordaron desde la administración de CONAF.
Durante la mañana de este miércoles 11 de febrero, los cuatro imputados serán trasladados al Juzgado de Garantía de Puerto Natales. En la audiencia de formalización se determinarán las medidas cautelares, las cuales habitualmente incluyen el arraigo regional o la salida inmediata del país previo pago de una cuantiosa multa a beneficio fiscal o donación a instituciones de conservación.