Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Punta Arenas concretaron la expulsión administrativa de una mujer de nacionalidad dominicana, de 36 años, quien permanecía en la región tras cumplir una condena por tráfico de drogas. La medida, dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pone fin a la permanencia de la ciudadana extranjera en territorio nacional, quien además mantenía una situación migratoria irregular tras haber ingresado al país por un paso no habilitado.
El caso se remonta a agosto de 2019, cuando la mujer fue interceptada en el Aeropuerto Internacional Carlos Ibáñez del Campo por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO). En aquella ocasión, los canes detectores de la PDI alertaron sobre la presencia de sustancias ilícitas que la imputada transportaba adosadas a su cuerpo, logrando la incautación de 1 kilo 93 gramos de clorhidrato de cocaína. Tras cumplir su pena en la cárcel local, se activó el protocolo de expulsión para su retorno definitivo a Centroamérica.
El Comisario Leonardo Alegría, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, explicó que la resolución se fundamenta tanto en los antecedentes penales como en la infracción a la Ley de Migraciones:
Antecedentes: Condena cumplida por tráfico ilícito de drogas.
Ingreso Irregular: La mujer reconoció haber ingresado a Chile por un paso fronterizo no habilitado antes de radicarse en la zona sur.
Destino Final: Los detectives escoltaron a la mujer hasta el Aeropuerto Las Américas, en República Dominicana, donde fue entregada a las autoridades de su país.
La medida administrativa contempla una de las sanciones más severas en materia migratoria para evitar el reingreso de personas ligadas al crimen organizado:
Desde la PDI recalcaron que estos procedimientos forman parte de la estrategia nacional para regularizar la situación de extranjeros y sancionar a quienes cometan delitos en el país. La labor de control en aeropuertos y pasos fronterizos de Magallanes sigue siendo una prioridad para detectar tanto el ingreso de sustancias prohibidas como para hacer efectivas las resoluciones de expulsión de ciudadanos que han vulnerado la normativa legal chilena.