En una extensa audiencia de formalización desarrollada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se dieron a conocer los antecedentes de una sofisticada red de narcotráfico que conectaba la comuna de La Pintana, en Santiago, con la capital regional de Magallanes.

La indagatoria, encabezada por la Fiscalía y ejecutada por la Brigada Antinarcóticos de la PDI, incluyó labores de inteligencia y escuchas telefónicas que permitieron establecer la dinámica de funcionamiento del grupo y concretar la detención de cinco personas el pasado 18 de febrero.

Los imputados

Los detenidos fueron identificados como:

• Alejandro Manuel González Marín
• Pedro Andrés Low Barría
• Gustavo Adolfo Arbeláez Sánchez
• Agustín Enrique Jelves Marín
• Ruth Elizabeth Marín Marín

Todos fueron puestos a disposición de la justicia por su presunta participación en el tráfico de drogas.

Nexo Santiago–Magallanes

Según expuso la fiscal Johanna Irribarra, el líder de la organización residía en la Región Metropolitana, específicamente en La Pintana, desde donde coordinaba el envío de droga hacia Punta Arenas.

El operativo contempló cuatro allanamientos simultáneos: tres en distintos domicilios de Punta Arenas —en sectores como Villa Las Nieves— y uno en la vivienda del presunto cabecilla en Santiago.

Incautación y avalúo

El procedimiento permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga:

• 1 kilo 193 gramos de clorhidrato de cocaína
• 14 gramos de resina de cannabis

En total, las sustancias equivalían a 1.200 dosis, con un avalúo estimado en 24 millones de pesos.

Además, se incautaron $529.000 en efectivo, balanzas digitales y diversos elementos destinados a la dosificación y comercialización de la droga.

Medida cautelar

Pese a los argumentos presentados por las defensas, el Tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para los cinco imputados, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

La medida incluyó a la única mujer del grupo, una adulta mayor, cuya defensa alegó problemas de salud, argumento que no fue acogido por el tribunal.

Finalmente, el magistrado fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación, periodo en el que la PDI y el Ministerio Público deberán completar las diligencias pendientes antes de llevar el caso a juicio.