La batalla judicial de Nicolás Maduro en Nueva York ha sumado un nuevo y complejo capítulo. Su abogado defensor, Barry J. Pollack, envió una carta formal al juez Alvin K. Hellerstein denunciando que el gobierno de Estados Unidos está bloqueando sistemáticamente la capacidad de las autoridades venezolanas para costear la defensa legal del derrocado mandatario. Según el jurista, esta maniobra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) vulnera directamente la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual garantiza a todo acusado el derecho a ser representado por el abogado de su elección.
El conflicto se originó el pasado 20 de febrero, cuando Pollack reveló que el Departamento del Tesoro revocó —apenas horas después de haberla concedido— una autorización especial para que el equipo legal pudiera cobrar sus honorarios. Mientras que el permiso para representar a la esposa de Maduro, Cilia Flores, se mantiene vigente, el exlíder venezolano enfrenta la posibilidad de quedar desamparado legalmente antes de su próxima comparecencia, programada para el 26 de marzo.
La defensa de Maduro sostiene que el bloqueo financiero constituye un obstáculo insalvable para el ejercicio de sus derechos constitucionales en suelo estadounidense:
Autorización Revocada: La OFAC dio luz verde inicial para el pago de honorarios, pero retiró el permiso para el caso de Maduro de forma casi inmediata.
Argumento Legal: Pollack sostiene que, al impedir que el gobierno venezolano transfiera los fondos para la defensa, el Estado está interviniendo en la autonomía del acusado para asegurar sus servicios legales.
Advertencia al Tribunal: Aunque por ahora solo informó al juez Hellerstein de la situación, el abogado advirtió que presentará una moción formal para solicitar la intervención del tribunal si el Tesoro no restablece la autorización en los próximos días.
Cabe recordar que Nicolás Maduro (63) y Cilia Flores (69) fueron trasladados por la fuerza a Estados Unidos a principios de enero de 2026, tras una operación militar estadounidense en Caracas. Actualmente, ambos permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn bajo cargos de narcotráfico emitidos por un tribunal de Manhattan.
El caso ha generado un intenso debate sobre el alcance de las sanciones económicas cuando interfieren con el debido proceso judicial dentro de Estados Unidos. Si el juez Hellerstein decide intervenir, podría marcar un precedente sobre cómo se aplican las restricciones del Departamento del Tesoro a individuos que, a pesar de estar bajo sanciones, enfrentan juicios criminales en cortes federales estadounidenses. Por ahora, Maduro aguarda en su celda de Brooklyn una resolución que determine si podrá enfrentar su juicio con el equipo legal de su confianza o si deberá recurrir a defensores públicos.