A semanas de que concluya la actual administración, la puesta en marcha de la Ley EAT (Empresas de Aplicaciones de Transporte), conocida como “Ley Uber”, se encuentra en un punto crítico. Pese a que la normativa fue promulgada en 2023, su implementación depende de un software de registro que el Ministerio de Transportes (MTT) recién logró adjudicar este mes tras dos licitaciones fallidas. Conductores y empresas advierten que, sin esta herramienta operativa, se arriesgan a multas millonarias o a un cese forzoso de funciones (blackout), ya que no existe un lugar físico ni digital donde inscribirse para cumplir con la ley.

El conflicto escala mientras el ministro Juan Carlos Muñoz mantiene su intención de dejar el reglamento publicado antes del 11 de marzo. Sin embargo, desde Alianza In (que agrupa a Uber, Didi y Cabify) y el Sindicato de Conductores de Aplicaciones, califican la medida como "improvisada". El temor es que, si el reglamento entra en vigencia sin el software listo, los conductores pasarán automáticamente a la ilegalidad, exponiéndose al retiro de sus vehículos a pesar de que ya tributan como trabajadores de plataformas digitales.

Los nudos críticos de la Ley EAT

La implementación de la ley enfrenta dos barreras que amenazan con colapsar el sistema de transporte privado de pasajeros:

1. El Software de Registro: Tras dos intentos fallidos, la empresa Arkhotech SpA se adjudicó el desarrollo a inicios de febrero. El gremio duda que la plataforma esté lista en tiempo récord, dejando a miles de conductores en un limbo legal.

2. Licencia Profesional Clase A: Se estima que 140.000 personas operan actualmente en estas apps, pero solo el 35% cuenta con licencia profesional. El resto se encuentra realizando los cursos, lo que generará un "cuello de botella" insuperable para las Direcciones de Tránsito municipales.

Radiografía de la Crisis: Capacidad vs. Demanda

La disparidad entre la capacidad del Estado y la realidad de los conductores es uno de los puntos más preocupantes para la industria:

¿Reconocidos o "piratas"? El reclamo de los conductores

Fabián Constanzo, presidente del Sindicato de Conductores, expone una contradicción estatal que indigna al gremio: mientras el Ministerio del Trabajo los reconoce legalmente y les exige el pago de impuestos, el Ministerio de Transportes sigue fiscalizándolos como servicios ilegales.

"Mientras no esté este software, nosotros no vamos a poder trabajar porque no tenemos dónde inscribirnos. Nadie nos da garantías", sentenció Constanzo, advirtiendo que las aplicaciones podrían verse obligadas a realizar un blackout (apagado de servicios) preventivo para evitar sanciones a sus socios conductores.

Posición del Gobierno y Alianza In

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, reafirmó el compromiso por avanzar, esperando que la empresa adjudicataria comience sus labores en las próximas semanas. No obstante, Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza In, sostiene que lo más prudente es que la publicación del reglamento quede en manos del próximo gobierno, dado que serán ellos los encargados de la ejecución real.