La Cámara de Diputados aprobó ayer y despachó al Senado el proyecto de ley conocido como “Ley Alberto”, el cual establece la obligatoriedad de aplicar exámenes de alcotest y narcotest de manera periódica y aleatoria a los conductores de servicios de transporte público de pasajeros. La propuesta legislativa nace tras una serie de accidentes fatales que han puesto en entredicho las facultades de control de las empresas operadoras y de los organismos fiscalizadores sobre el estado de los conductores de microbuses.

El núcleo de la normativa exige que los empleadores de transportes públicos implementen protocolos internos para la detección de sustancias estupefacientes y niveles de alcohol en la sangre. En caso de detectarse un resultado positivo, la ley establece la suspensión inmediata de las funciones del conductor y la notificación obligatoria a las autoridades de transportes. Con esto, se busca cerrar los espacios de impunidad y prevenir tragedias viales causadas por el consumo de sustancias que alteran la capacidad de reacción frente al volante.

Durante el debate parlamentario, los legisladores destacaron que la medida no solo protege a los pasajeros, sino también a peatones y otros conductores que comparten la vía. La “Ley Alberto” contempla además sanciones para las empresas que no den cumplimiento a estos controles, incluyendo multas gravosas y, en casos de reincidencia o negligencia grave, la posible caducidad de las concesiones de los recorridos afectados. Se espera que esta herramienta dote de mayor rigurosidad a un sector que moviliza a millones de personas diariamente.

Tras ser despachado al Senado para su segundo trámite constitucional, el proyecto cuenta con un amplio respaldo transversal debido a la sensibilidad pública sobre la seguridad vial. De ser convertida en ley, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tendrá la tarea de reglamentar la periodicidad de los exámenes y los estándares técnicos de los dispositivos utilizados para las pruebas, asegurando que el proceso sea transparente y respetuoso de los derechos laborales, pero priorizando siempre el bien común de la seguridad en la ruta.