La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) atraviesa su momento más complejo desde su creación. En una reciente entrevista en TVN, la ministra María Paz Arzola reconoció que el Ejecutivo ha puesto bajo la lupa el calendario de traspasos. El argumento central del Ministerio es simple pero pragmático: si un municipio está gestionando sus escuelas de forma eficiente, no existe una razón urgente para forzar un cambio de administración que podría poner en riesgo los aprendizajes.

De la promesa de campaña a la evaluación ministerial

Esta "pausa" no es una idea nueva en el entorno del mandatario. Ya en enero, el entonces presidente electo José Antonio Kast había adelantado la intención de detener el proceso mientras no existiera certeza de que los resultados de los SLEP fueran superiores al sistema municipal. "Nuestra propuesta es detenerse mientras no tengamos claridad de que el resultado sea positivo", había señalado el jefe de Estado.

Apoyo transversal y críticas locales

Uno de los principales promotores de esta suspensión es el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien calificó el posible traspaso como una "tragedia" para su comuna. "A Ñuñoa le quedan menos de 100 días para que sus colegios se vayan al SLEP. Es una buena noticia que el Mineduc se abra a suspender el proceso", afirmó Sichel. En la misma línea, la diputada republicana Paz Charpentier calificó la medida como un acto de "responsabilidad" frente a los graves problemas de gestión detectados en los servicios locales ya instalados.

La incertidumbre docente

Sin embargo, el anuncio no ha sido recibido con total tranquilidad por todos los actores. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, manifestó su sorpresa y preocupación ante la generalidad del aviso. El gremio docente ha solicitado una reunión urgente con la ministra Arzola para entender el alcance real de la medida y cómo afectará la estabilidad laboral y pedagógica de las comunidades educativas que hoy se encuentran en el limbo entre lo municipal y lo estatal.

Dado que la actual legislación impone plazos estrictos, el Gobierno ya trabaja en el diseño de las modificaciones legales que deberán pasar por el Congreso para permitir que municipios con "buena administración" mantengan el control de sus liceos y escuelas por tiempo indefinido.