La jornada dominical fue el escenario de un hito administrativo para La Moneda. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el mando de la PDI, supervisaron el despegue del primer vuelo comercial arrendado exclusivamente por el Estado para fines de expulsión. Esta modalidad permite trasladar a un número mayor de personas en comparación con los aviones institucionales de la FACh, agilizando el flujo de salida de quienes han vulnerado la ley chilena.

Foco en antecedentes criminales

El director Frank Sauerbaum fue enfático en señalar que el criterio de selección para estos operativos prioriza a sujetos con vínculos delictivos. "Muchas de estas personas mantienen antecedentes criminales y allí es donde el Presidente Kast nos ha pedido poner el foco principal", sostuvo. El grupo expulsado estuvo integrado mayoritariamente por ciudadanos de Bolivia y Colombia, países donde el Gobierno ha intensificado las coordinaciones para asegurar la recepción de los expulsados.

Cifras y estrategia silenciosa

A diferencia de procesos previos que contaban con amplia difusión mediática antes de ejecutarse, la actual administración ha optado por la discreción operativa. Según Sauerbaum, la estrategia privilegia la efectividad por sobre el anuncio. Las cifras de 2026 respaldan esta ofensiva:

• Expulsiones totales: 780 (683 administrativas y 97 judiciales).

• Salidas voluntarias: 2.446 personas (principalmente venezolanos).

• Frecuencia: 3 vuelos especiales en los últimos 40 días.

Impacto en la Macrozona Norte y regiones extremas

Desde el Ejecutivo aseguran que este endurecimiento ha provocado un efecto disuasivo, reflejado en una disminución de los ingresos por pasos no habilitados en el norte del país. En regiones como Magallanes, aunque el flujo es menor, la vigilancia sobre los pasos fronterizos australes se ha mantenido bajo estricta observación para evitar que se conviertan en rutas alternativas para el tráfico de migrantes o el ingreso clandestino.

La vinculación que hace el Gobierno entre la migración irregular y el aumento de delitos violentos como extorsiones y sicariato sigue siendo el motor de esta política, que busca recuperar el control territorial y combatir a las bandas transnacionales que se han asentado en el país en los últimos años.