La Contraloría General de la República emitió un contundente informe final que confirma graves irregularidades y falta de control interno dentro del Gobierno Regional (GORE) de Magallanes. El documento acredita el ocultamiento sostenido de los balances de ejecución presupuestaria y estados de situación financiera correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, obligaciones básicas de transparencia que la autoridad regional no publicó de manera oportuna.

Tras conocerse el dictamen, el diputado Alejandro Riquelme Ducci, quien inició esta fiscalización en su antiguo rol de consejero regional, recordó que el artículo 26 de la Ley N° 19.175 es tajante al sancionar la omisión de estos informes financieros como una causal de notable abandono de deberes. Por este motivo, el parlamentario realizó un directo emplazamiento a los actuales Cores para que inicien las acciones institucionales que correspondan ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).

“La ley es clara: no publicar las cuentas públicas es causal de notable abandono de deberes. Es hora de que el Consejo Regional actúe, porque Magallanes no resiste más impunidad”, sentenció Riquelme.

Bloqueo a la fiscalización y descontrol en compras públicas

El informe de la Contraloría también dejó en evidencia un severo entorpecimiento hacia la labor del Consejo Regional, determinando que el GORE Magallanes dejó sin responder 132 solicitudes de información de los consejeros, equivalente a más del 70% de los requerimientos ignorados o contestados fuera del plazo legal.

A este escenario se suman deficiencias en el uso de recursos públicos, tales como órdenes de compra pagadas sin contar con la recepción conforme en Mercado Público, retrasos de más de dos años en la entrega de a uditorías y diferencias monetarias no justificadas en la adquisición de equipamiento tecnológico.

“Llevamos años denunciando las irregularidades y hoy la Contraloría nos da la razón de forma categórica. El gobernador Flies va a tener que responder ante las instituciones por este persistente daño a la fe pública", finalizó el legislador republicano, quien ya elevó los antecedentes ante la Contralora General en Santiago.