El diputado Alejandro Riquelme emitió una declaración pública para responder a la polémica nacional que lo vincula con presuntas irregularidades en la asignación de subsidios habitacionales en la Región de Magallanes. El caso, que escaló tras declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, ya se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En el documento, el legislador fue enfático en señalar que gran parte de la información difundida por medios de comunicación carece de veracidad. “Existen antecedentes falsos que han sido divulgados”, afirmó, junto con defender que el proyecto habitacional en cuestión pertenece a un convenio GORE-MINVU del año 2021, el cual fue visado antes de que él asumiera como consejero regional o iniciara su carrera parlamentaria.

Defensa del proceso de evaluación

Riquelme detalló que la adjudicación del beneficio a su expareja respondió a un proceso regular mandatado por el Estado. Según su declaración:

• La evaluación fue realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por el SERVIU durante el año 2022.

• Al momento de la postulación, el diputado asegura que ambos se encontraban separados y sin convivencia, cumpliendo con los requisitos de vulnerabilidad o necesidad habitacional evaluados de forma independiente.

Críticas a la exposición pública y colaboración judicial

El parlamentario manifestó su total disposición a colaborar con cualquier organismo que requiera antecedentes, solicitando que el caso sea investigado "a la brevedad" para despejar dudas sobre su honorabilidad. Sin embargo, no ocultó su molestia por el tratamiento mediático de la denuncia.

"No se habrían respetado principios básicos como la presunción de inocencia e imparcialidad", cuestionó Riquelme, apuntando a una supuesta falta de rigurosidad en la fiscalización pública del caso.

Contexto: La arremetida del Ministerio de Vivienda

La controversia cobró fuerza nacional esta semana cuando el ministro Iván Poduje confirmó el envío de antecedentes a la justicia y al CDE. La investigación del MINVU busca determinar si existió tráfico de influencias o entrega de información privilegiada en la asignación de soluciones habitacionales en la zona austral, en un escenario de alta demanda por vivienda social en Magallanes.