Un duro revés político y administrativo golpeó los cimientos de las decisiones pesqueras adoptadas por el Ejecutivo durante el periodo anterior. En un contundente fallo que frena de raíz una de las medidas más controvertidas del sector, la Contraloría Regional de Valparaíso concluyó formalmente que la resolución exenta N° 2.563, dictada en el año 2025 por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), “no se ajustó a derecho”. Con este dictamen, el ente fiscalizador declaró ilegal el mecanismo jurídico que se diseñó para incorporar de forma masiva a nuevos armadores artesanales a pesquerías estratégicas de todo el litoral nacional.

La resolución de Contraloría se originó tras una detallada presentación de impugnación interpuesta de forma conjunta por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y diversas organizaciones de pescadores artesanales tradicionales de Chile. Los denunciantes acusaron que la medida vulneraba de forma flagrante la Ley General de Pesca y Acuicultura, al abrir de manera indiscriminada el acceso a recursos marinos que se encuentran declarados técnicamente bajo el estado de plena explotación y, por ende, sujetos a un estricto régimen de cierre permanente para nuevos ingresos en este viernes 12 de junio de 2026.

Cierre del RPA y la "manipulación" de la Ley de Fraccionamiento

El dictamen del órgano contralor recuerda que el Registro Pesquero Artesanal (RPA) opera como el catastro oficial y la llave maestra para ejercer la pesca artesanal-comercial en el país. Su propósito es establecer un número fijo y regulado de operadores por región con el fin de ordenar, fiscalizar y hacer sustentable la biomasa en el tiempo, impidiendo la sobreexplotación de las especies.

Pese a que las listas del RPA se encontraban legalmente cerradas y bajo un riguroso período de análisis debido a la lista de espera de miles de pescadores históricos, la administración del expresidente Gabriel Boric —a través de la gestión de su entonces subsecretario de Pesca, Julio Salas— alteró el marco normativo. De acuerdo con los antecedentes del fallo, las exautoridades intentaron reabrir los registros utilizando de forma mañosa la recién aprobada Ley de Fraccionamiento Pesquero.

En concreto, la polémica resolución que ahora fue declarada ilegal pretendía habilitar la inscripción inmediata de cerca de 12 mil nuevos pescadores en pesquerías de alta vulnerabilidad comercial y ecológica, tales como el jurel, la jibia, la reineta, el langostino amarillo, el langostino colorado, el camarón nailon y la merluza de cola. Sin embargo, la Contraloría ratificó que el equipo de Julio Salas actuó fuera de sus competencias y al margen de la ley vigente.

Se eludieron los comités de manejo y las consultas técnicas

Uno de los puntos más críticos del dictamen de Contraloría apunta al uso forzado de la Ley N° 21.752. El ente de control aclaró que dicha normativa únicamente modificó el porcentaje de fraccionamiento de cuotas de captura entre el sector industrial y el artesanal, pero en ningún caso faculta a la Subsecretaría para reabrir pesquerías cerradas, alterar los regímenes de inscripción del RPA ni eliminar las salvaguardas ambientales sobre recursos en plena explotación.

Asimismo, el órgano fiscalizador evidenció graves vicios de procedimiento que desnaturalizan la institucionalidad pesquera chilena, detallando que la Subpesca:

•  Eludió las consultas previas obligatorias que por ley se deben realizar ante el Consejo Zonal de Pesca y el Comité de Manejo correspondiente de cada pesquería.

•  Saltó el mecanismo legal de reemplazo por vacancia, el cual regula que un nuevo pescador solo puede ingresar al RPA cuando otro libera un cupo de forma natural (fallecimiento, retiro o caducidad).

•  Careció de sustento técnico suficiente, implementando una política de alto impacto ambiental sin los informes científicos que respaldaran que los recursos marinos soportarían la presión extractiva de 12 mil nuevos operadores.

Con este dictamen, la Contraloría General de la República deja sin efecto la polémica resolución del 2025, obligando a las actuales autoridades de la Subsecretaría de Pesca a retrotraer los procesos de inscripción y a mantener blindado el carácter cerrado del Registro Pesquero Artesanal para garantizar la sustentabilidad biológica de los mares del país.