Un cambio de paradigma en las obligaciones legales de los núcleos familiares y una fuerte señal política orientada a restaurar la autoridad y el deber de cuidado en los hogares del país se concretó en la capital. El Presidente de la República, José Antonio Kast encabezó en las dependencias de la Municipalidad de Independencia la firma oficial del nuevo proyecto de ley de Responsabilidad Parental, iniciativa legislativa de alta prioridad gubernamental que busca hacer estrictamente exigible el deber de cuidado de madres, padres y tutores legales en la formación, orientación y supervisión continua de niños, niñas y adolescentes (NNA).

El acto, desarrollado de forma masiva en el norte de Santiago, reunió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; al alcalde de Independencia, Agustín Iglesias; además de parlamentarios del distrito y dirigentes vecinales. El corazón de la propuesta legal radica en establecer mecanismos judiciales rápidos y efectivos para promover una crianza responsable, previniendo de forma anticipada que la vulnerabilidad o la falta de control tutor derive en situaciones de riesgo social o conductas delictivas.

Prevención temprana y un llamado de atención a los abuelos

El proyecto de ley coloca un acento normativo prioritario en la prevención e intervención temprana. Para ello, dota a los Tribunales de Familia de nuevas y robustas competencias legales destinadas a reforzar las habilidades de los padres, brindando un soporte asistencial técnico a las familias antes de que las dinámicas de convivencia o descontrol se agraven, pero también aplicando sanciones proporcionales e inapelables a quienes incumplan gravemente sus obligaciones básicas de cuidado.

Durante su alocución en la ceremonia, el Presidente José Antonio Kast fue enfático en la necesidad de que las familias retomen su rol protector primario, enviando incluso un mensaje directo a las dinámicas de cuidado que ejercen los adultos mayores en el Chile actual:

“Nuestra intención profunda es que los papás vuelvan a sintonizar con el día a día de sus hijos. Sabemos perfectamente que es una tarea difícil y queremos hablar de eso, de lo que es más profundo: el significado real de lo que es cuidar a un hijo. Porque a veces nos vamos por la vía más fácil de desentendernos. Hagámonos cargo de nuestros hijos. Antes que cualquier institución del Estado, los padres y muchas veces los abuelos son los que guían los primeros pasos de un niño. Hay veces que los padres, por distintas razones, no están en el hogar: por dinámicas de trabajo o situaciones distintas, y son los abuelos los que tienen que hacerse cargo. Hay veces ahí que el abuelo malcría un poquitito. Entonces, también tenemos que decirles a los abuelos que la tarea de educar continúa; que uno no solamente tiene que regalonear al nieto, sino que también tiene que guiarlo, ponerle límites y ayudarlo a caminar de forma correcta por la vida”, interpeló el Mandatario.

Reparación expedita a víctimas y terapia obligatoria

El texto del articulado que ingresará a tramitación al Congreso contempla un abanico integral de medidas coercitivas y de apoyo social, las cuales se activarán dependiendo del nivel de vulneración de los deberes de cuidado:

•  Soporte Clínico y Parental: Inclusión obligatoria de los tutores en programas de habilidades parentales, procesos guiados de revinculación familiar y atención psicológica o psiquiátrica especializada cuando se detecten patologías de base.

•  Procedimiento de Emergencia: Creación de un canal procesal preferente y más expedito en los Tribunales de Familia para dictar medidas cautelares de protección inmediata ante adolescentes en situación de riesgo delictual.

•  Indemnizaciones Ágiles: La ley introduce un mecanismo que agiliza los procesos de demanda civil para la reparación de las víctimas, facilitando que los afectados por daños materiales o físicos causados por menores de edad obtengan indemnizaciones económicas rápidas provistas de forma directa por el patrimonio de los padres responsables.

La arquitectura de la ley busca cimentar una cultura nacional de corresponsabilidad familiar y orden social, resguardando bajo cualquier circunstancia el interés superior del menor, pero consagrando que el abandono de la tutela formativa tendrá consecuencias legales concretas en el Chile del 2026.