El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región de Magallanes ha decidido adoptar una postura de tolerancia cero frente a las irregularidades en el uso de los beneficios estatales. La entidad pública reforzó de manera drástica sus planes de fiscalización en terreno sobre diversos proyectos habitacionales sociales entregados en la zona, detectando que un grupo de beneficiarios ha incurrido en graves infracciones a las normativas de asignación de subsidios, lo que ha derivado en la orden de requisar los inmuebles.

El director regional del Serviu, Omar González, confirmó que la institución mantiene actualmente más de 12 casos en trámite formal bajo esta causal de incumplimiento normativo. "Tenemos varios casos en distintas comunas de la región donde derechamente se ha caducado el subsidio por no cumplir con la normativa que rige a estas viviendas sociales", advirtió la autoridad sectorial.

Un 30% de beneficiarios bajo sospecha de incumplimiento

La normativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) es sumamente clara: las viviendas adquiridas o construidas mediante subsidios del Estado deben ser habitadas de forma efectiva y permanente por el beneficiario y/o su núcleo familiar declarado, prohibiéndose su arrendamiento, cesión de uso a terceros o venta durante un plazo de cinco años desde la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Sin embargo, las fiscalizaciones periódicas del Serviu han arrojado datos preocupantes:

• Abandono de la propiedad: Se estima que el 30% de los beneficiarios fiscalizados no cumple con el requisito mínimo esencial de habitar la vivienda o permitir que su grupo familiar directo resida en ella una vez realizada la entrega de llaves.

• Arrendamiento y lucro cesante: Se han detectado múltiples casos donde las familias adjudicatarias optan por arrendar el inmueble social a terceros para recibir un rédito económico mensual de forma completamente ilegal, desvirtuando el foco de la política habitacional orientada a familias vulnerables.

Reasignación de viviendas tras el cierre de procesos judiciales

El proceso de recuperación de estos inmuebles construidos con recursos de todos los chilenos no es sencillo y en varios casos requiere de la intervención de los tribunales de justicia para concretar el desalojo y la restitución del bien al Serviu.

"Es un proceso que desarrollamos de manera continua. En algunas situaciones los infractores presentaron reclamos en sede judicial que todavía no se resuelven de forma definitiva. Sin embargo, a medida que nosotros vamos cerrando la vía judicial o queda firme la resolución administrativa de caducidad del subsidio, procedemos de inmediato a asignarle esa casa a otra familia de la base de datos que sí cumple rigurosamente con los requisitos y que lleva años esperando", complementó el director Omar González.

El Serviu hizo un llamado a la comunidad a denunciar de forma anónima a través de sus canales presenciales o virtuales en caso de constatar que una vivienda social del sector se encuentra deshabitada, arrendada de forma irregular o siendo utilizada con fines estrictamente comerciales, permitiendo así reasignar el beneficio a quienes realmente necesitan una solución habitacional definitiva en la región.