La Municipalidad de Punta Arenas anunció de manera oficial la ampliación por un plazo de 30 días para el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal (PRC), tras alcanzar un acuerdo formal con la consultora a cargo del diseño, URBE Diseño y Gestión Urbana Ltda. La determinación responde a una estrategia planificada desde la administración local para fortalecer la rigurosidad técnica de la propuesta, resguardar la seguridad jurídica del futuro ordenamiento territorial y garantizar la calidad final de las directrices de edificación.

Actualmente, y tras más de un año de trabajo ininterrumpido de diagnóstico y recopilación de datos, el proceso se encuentra en la fase de elaboración del anteproyecto. Esta es una de las instancias más cruciales del diseño de planificación urbana, ya que en ella se comienzan a trazar formalmente las futuras reglas de conectividad, zonificación, densidades y expansión en Punta Arenas.

Un instrumento desfasado de la realidad local

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que la actualización del Plan Regulador constituye uno de los desafíos de gestión más relevantes y urgentes para el mediano y largo plazo en la comuna. El jefe comunal recordó que el instrumento de planificación territorial que rige actualmente en la capital regional ha evidenciado severas limitaciones y cuellos de botella desde su entrada en vigencia:

“Hoy la ciudad está pagando las consecuencias de un plano regulador que quedó fuera de la realidad y desfasado hace bastante tiempo, prácticamente desde que fue publicado. Es por eso que hemos solicitado generar esta ampliación de plazo. Ya estamos con un tercio del trabajo muy bien avanzado, pero queremos revisar cada propuesta con calma, dividiendo el debate técnico en cuatro mesas de trabajo mucho más acotadas y específicas”.

Las cuatro mesas técnicas para el crecimiento ordenado

Para asegurar un diseño participativo, representativo y viable, el municipio estructurará el análisis del anteproyecto a través de cuatro ejes de trabajo diferenciados:

1. Mesa Intersectorial: Integrada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Gobierno Regional de Magallanes y los principales servicios públicos vinculados al desarrollo del territorio.

2. Mesa Comunitaria: Convocará activamente a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias para informar de manera transparente sobre los avances y consensuar materias de alta sensibilidad barrial, tales como las alturas máximas de edificación y densidades poblacionales.

3. Mesa de Infraestructura y Servicios: Reunirá a las empresas proveedoras de servicios básicos con el fin de coordinar las zonas de expansión urbana con la disponibilidad técnica y factibilidad de redes de agua potable, alcantarillado, gas natural y electricidad.

4. Mesa Productiva: Incorporará a representantes de los sectores productivos y técnicos locales, incluyendo a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Colegio de Arquitectos y diversas organizaciones empresariales del rubro inmobiliario.

Planimetría, riesgos de inundación y movilidad vial

La asesora urbana del municipio puntarenense, Ángela Salazar, destacó que el anteproyecto constituye la etapa medular de toda la consultoría: "Es la fase más importante porque aquí ya se proyecta la planimetría oficial, las alturas máximas permitidas, las densidades habitacionales y se presentan estudios de especialidad fundamentales, como las matrices de riesgo de inundación o remoción y los planes de movilidad urbana".

En esa misma línea, el director de Obras Municipales (DOM), Alex Saldivia, afirmó que este tiempo adicional permitirá enfrentar las etapas finales del proceso con mayores certezas y menores riesgos de rechazo: "Debemos revisar con mayor profundidad una serie de estudios de ingeniería. Esta extensión nos permitirá realizar los ajustes necesarios y avanzar hacia la recta final con un Plan Regulador que refleje de manera fiel las necesidades de expansión que tendrá Punta Arenas durante las próximas décadas".

Entre las materias específicas que serán sometidas a revisión se encuentran la delimitación de áreas de riesgo natural, la conectividad de la red vial estructurante, el resguardo de áreas verdes públicas, la definición de los límites urbanos y la regulación específica para polos de desarrollo periféricos o estratégicos de la comuna, como los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.