Un importante debate legislativo se desarrolla en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados. Un proyecto de ley busca fortalecer de manera integral la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) durante los procesos judiciales, facilitando su participación en las instancias procesales y erradicando de raíz las dinámicas que derivan en una victimización secundaria.

La iniciativa legal, que introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Tribunales de Familia, establece que los jueces deberán autorizar de manera preferente la comparecencia de las víctimas mediante sistemas de videoconferencia cuando estas así lo requieran. Asimismo, faculta a las administraciones de los tribunales para fijar bloques horarios diferenciados de ingreso y salida entre la denunciante y el agresor, junto con adoptar perímetros de seguridad destinados a impedir cualquier tipo de contacto físico o visual entre ambos durante el desarrollo del litigio.

La tramitación de esta propuesta concita especial atención en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, zona donde anualmente ingresan un alto volumen de denuncias asociadas a la violencia de género y de pareja, consolidándose de forma persistente como uno de los nudos críticos de la agenda de seguridad pública y protección social a nivel regional.

Apoyo del Ejecutivo y coherencia con la Ley Integral

Durante la última sesión de la instancia legislativa, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, manifestó el respaldo explícito del Ejecutivo a la matriz de la moción parlamentaria. No obstante, la secretaria de Estado planteó la necesidad de introducir perfeccionamientos técnicos que aseguren una armonía conceptual con los principios de no victimización secundaria ya consagrados en la Ley 21.675 (Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres).

“La comparecencia remota por videoconferencia es una modalidad plenamente validada y operativa en las materias procesales penales y civiles del país. Su incorporación obligatoria en las causas de violencia intrafamiliar seguidas ante los Tribunales de Familia resulta del todo coherente con la legislación vigente y representa un avance urgente en la protección de la salud mental y física de las víctimas”, argumentó la ministra Judith Marín.

El debate por la discrecionalidad judicial y la conectividad rural

A pesar del consenso general sobre el espíritu de la ley, la discusión abrió un complejo debate respecto de la viabilidad práctica y técnica de las medidas en los distintos territorios de Chile.

Por una parte, la diputada Constanza Schonhaut solicitó al ministerio sectorial la entrega de informes técnicos detallados que aclaren la real capacidad tecnológica instalada en el Poder Judicial, garantizando que el acceso telemático sea efectivo y no traduzca una barrera de acceso a la justicia. De igual forma, instó a fiscalizar rigurosamente cómo se vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares de prohibición de acercamiento en un entorno semipresencial.

Por su parte, la presidenta de la comisión parlamentaria, diputada Eileen Urqueta, precisó que uno de los puntos políticos más complejos del articulado radica en el grado de obligatoriedad de la medida:

“Actualmente, la propuesta mantiene la autorización telemática bajo la esfera de la discrecionalidad y decisión del magistrado de turno. Como comisión legislativa buscamos que, una vez que la víctima formalice la solicitud de comparecer por videoconferencia, su aplicación sea de carácter obligatorio para el tribunal y no quede sujeta a meros criterios interpretativos del juez”.

Finalmente, la parlamentaria alertó sobre las profundas asimetrías que enfrentan las comunas rurales y de difícil acceso geográfico debido a la intermitencia en los servicios de telecomunicaciones e infraestructura digital. Debido a esto, la comisión acordó oficiar y coordinar mesas técnicas de trabajo junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las corporaciones de asistencia judicial y las municipalidades del país para asegurar un despliegue homogéneo de la norma.

Con miras a acelerar la agenda de género, la Comisión de Mujeres acordó citar a una sesión especial con carácter de urgente a la ministra y a la subsecretaria de la cartera, cita donde se revisará detalladamente la ejecución presupuestaria del ministerio, el estado de implementación de la Ley Integral y el cronograma de votación particular de esta iniciativa en el Congreso.