El procedimiento ocurrió en la intersección de las calles Esteban Capkovic y Martinic. Carabineros fiscalizó un automóvil conducido por Mario Jonathan Acuña Acuña, quien circulaba sin licencia de conducir y con los documentos del móvil vencidos. Tras consultar el sistema policial, los uniformados constataron que Acuña registraba una orden de detención pendiente emanada por el tribunal local.
Al realizar el arresto y registrar sus vestimentas, el personal policial incautó dos bolsas con ketamina, seis comprimidos de éxtasis (MDMA) y dinero en efectivo. Además, ocultaba una licencia de conducir física clase A2 de la Municipalidad de La Florida. El conductor admitió que el documento era falso y que lo obtuvo de manera irregular.
Debido a la dosificación de la droga y las sospechas de comercialización , la policía extendió el registro al acompañante en el vehículo, César Matías Ovando Vivallo. En sus vestimentas hallaron dos bolsas con 6,2 gramos de ketamina y 270 mil pesos en efectivo.
La fiscal Rina Blanco sostuvo ante el tribunal que las condiciones del hallazgo descartan el consumo personal exclusivo. "Dada la forma en que se encuentra la droga, sumado con dinero, se hace presumir que ambos imputados y sin la competente autorización poseían, importaban consigo y transportaban sustancias ilícitas", detalló la persecutora.
La defensa de los imputados cuestionó la legalidad del procedimiento bajo el argumento de que Carabineros incurrió en un control arbitrario y demoró la lectura de derechos. El tribunal desestimó la reclamación y declaró ajustado a derecho el actuar policial, validando las atribuciones que otorga la Ley de Tránsito para fiscalizar a ocupantes de un vehículo.
Acuña fue formalizado por microtráfico y conducción con licencia falsa , mientras que Ovando enfrentó cargos únicamente por microtráfico. Ambos quedaron bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal durante un plazo de investigación fijado en 60 días.
Pese a acceder a las medidas cautelares, Mario Acuña Acuña no recuperó la libertad. El tribunal ordenó su ingreso inmediato al Complejo Penitenciario de Punta Arenas para cumplir una pena efectiva de 12 días de reclusión, tras hacerse efectiva la conversión legal de una multa impaga de cuatro unidades tributarias mensuales. El sentenciado podrá salir del recinto penitenciario de manera anticipada si realiza el pago total del dinero adeudado.