La imposición de un arancel del 12,5% por parte de Estados Unidos a un sector de las exportaciones chilenas detonó un intenso enfrentamiento entre los gremios productivos, el Gobierno nacional y las organizaciones no gubernamentales. La medida arancelaria se dio a conocer en paralelo a las gestiones que realizaba una delegación oficial en Washington para defender los controles laborales vigentes en el país.

El trasfondo de la decisión norteamericana responde a antecedentes presentados ante organismos internacionales por la Fundación Libera y el Centro Ecoceanos, entidades que expusieron casos de presunta explotación laboral en las cadenas de producción locales. Al respecto, la presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, defendió el accionar de la institución señalando que recurrieron a mecanismos institucionales transparentes para visibilizar denuncias que no habían encontrado respuesta en la justicia ordinaria.

Rechazo de los sectores salmonero y agrícola

Las denuncias dirigidas específicamente hacia la industria salmonera y el sector agroexportador provocaron inmediatas reacciones de rechazo entre los dirigentes del empresariado nacional, quienes acusaron perjuicios a la reputación comercial del país y el desconocimiento de las normas contenidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente.

La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, criticó fuertemente a las ONGs denunciantes:

"Acuso a las fundaciones de dañar deliberadamente la imagen de Chile al mezclar temas distintos y actuar en base a mentiras", comentó a BioBioChile.

En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, manifestó la molestia del sector agrícola frente a la sobretasa impositiva:

"Afecta severamente la credibilidad de nuestro país y pasa por alto el Tratado de Libre Comercio vigente con el país norteamericano".

Impacto económico y plazo de negociación gubernamental

Desde la perspectiva macroeconómica, el Gobierno detalló que el incremento del 2,5% en la tasa aplicada a los embarques chilenos representa un costo directo estimado en 212 millones de dólares, situación que amenaza con elevar los costos de producción y generar incertidumbre entre los inversionistas extranjeros.

Pese a la entrada en vigencia de la medida este viernes, la subsecretaria que lideró la comisión negociadora en Estados Unidos, Paula Estévez, enfatizó que la vía diplomática se mantiene activa:

"El escenario está abierto y apelamos a las negociaciones bilaterales que siguen en desarrollo".

El Ejecutivo y la contraparte estadounidense fijaron un margen de negociación de dos meses con el objetivo de encauzar las conversaciones técnicas y lograr la restitución de la tasa arancelaria cero para los envíos nacionales.