La Contraloría Regional de Magallanes rechazó el recurso de reposición presentado por la Municipalidad de Torres del Paine y ratificó que la contratación directa de la empresa Servicios Jurídicos Carlos Contreras Quintana y Compañía Limitada no se ajustó a la ley.

El dictamen emitido por la entidad de control establece que la corporación municipal debió realizar una licitación pública para adquirir estos servicios de defensa jurídica. En consecuencia, ordenó al municipio abstenerse de recurrir al trato directo para este tipo de prestaciones en lo sucesivo.

Para justificar la adjudicación directa de 13 procesos judiciales, la alcaldía argumentó la necesidad de contar con un alto grado de especialización en derecho público y municipal. Sin embargo, la Contraloría revisó las causas en el portal del Poder Judicial y constató que se trata de juicios de carácter general, entre los que figuran cobros de pesos, juicios ejecutivos de menor cuantía, demandas laborales por despido injustificado y recursos de protección interpuestos por funcionarios.

El organismo resolvió que, si bien la asistencia legal requiere preparación técnica, las materias involucradas no poseen la complejidad clave ni estratégica que exige la normativa para exceptuar el concurso público.

Plazo perentorio e investigación por dobles pagos

La resolución firmada por la contralora regional subrogante, Fernanda Sepúlveda Muñoz, también cuestiona la forma en que se estructuró el pago de los servicios. La municipalidad acordó cancelar un 80% al asumir la representación y el 20% restante al dictar sentencia o interponer recursos. Esta fórmula contraviene el reglamento de compras públicas, que exige la recepción conforme de la prestación antes de liberar los fondos.

Junto con rechazar el recurso, el ente fiscalizador dio un plazo perentorio de 10 días hábiles a la Municipalidad de Torres del Paine para responder a los requerimientos pendientes respecto al esquema de pagos y a una denuncia recibida por eventuales dobles pagos al abogado contratado.