El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decidió ampliar la detención de tres hombres involucrados en un violento altercado en un local comercial chino ubicado en calle Bories N° 820. La medida busca dar tiempo a la Fiscalía para contar con un intérprete oficial y tomar declaración a tres víctimas de nacionalidad china.

A diferencia de las versiones preliminares que hablaban de cuatro aprehendidos, la causa se centró en tres imputados: Gael Negrón Hernández, Nicolás Ignacio Nicoreo Velásquez y Richard Alejandro Sáez González, quienes comparecerán de forma telemática desde el Complejo Penitenciario de la ciudad.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, los encargados del recinto reconocieron a los sujetos por atracos anteriores y los enfrentaron para evitar un nuevo robo.

En la audiencia, el abogado asistente de la Fiscalía, Ricardo Torres, detalló la dinámica del incidente: "Con un alicate, uno de ellos rompió las alarmas de las especies que pretendían sustraer. Son sorprendidos, los propios encargados evitan que se retiren y los sujetos, utilizando uno de ellos un extintor del propio establecimiento, provoca daños en el frontis".

Posteriormente, un segundo involucrado lanzó piedras contra la fachada del local.

Daños millonarios y postura de la defensa

El enfrentamiento dejó daños avaluados en más de $3 millones y un comerciante con lesiones leves.

Por su parte, la defensa de los imputados opuso resistencia a la ampliación del arresto, rechazó la calificación de robo con violencia y acusó agresiones por parte de los locatarios, asegurando que el imputado Negrón también terminó con lesiones.

Falta de traductor clave para la formalización

La prórroga de la detención resultó clave para precisar los delitos exactos que se imputarán. Según explicó el persecutor Ricardo Torres: "Hay que tomar declaración más detallada a los afectados. No contaron con un intérprete para indagar respecto de las dinámicas y establecer por qué delito se les va a formalizar".

El tribunal confirmó la legalidad del procedimiento policial y fijó la audiencia de formalización tras completarse los peritajes pendientes.