El Juzgado de Garantía de Punta Arenas puso fin a la controversia financiera surgida tras el sobreseimiento definitivo de los consejeros regionales imputados en la querella por injurias interpuesta por el gobernador regional, Jorge Flies Añón.
A través de una resolución dictada el pasado 4 de agosto de 2026 por el juez Franco Reyes Pozo, el tribunal resolvió una solicitud de aclaración confirmando que la tasación de 25 Unidades de Fomento (UF) fijada en julio no corresponde a un monto global, sino que debe aplicarse a cada una de las defensas letradas de las autoridades regionales absueltas. Con ello, el gobernador deberá desembolsar un total de 125 UF por concepto de primera instancia.
El origen de este litigio penal se remonta a julio de 2025, cuando Flies interpuso una acción judicial contra consejeros, un diputado y un periodista a raíz de las denuncias formuladas por presuntas irregularidades en la adquisición directa de un inmueble regional evaluado en 797 millones de pesos.
El trayecto procesal del caso registró un giro decisivo en mayo pasado, cuando la representación del querellante desistió de continuar la persecución penal contra los consejeros José Paredes, Max Salas, Nano Soto, Robert Weissohn y Roxana Gallardo, reconociendo que los hechos imputados no constituían delito.
Aunque en un inicio el juzgado de origen eximió a la autoridad del pago de las costas, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas revocó dicha decisión el 19 de mayo, acogiendo el recurso de apelación de los imputados e imponiendo al gobernador la carga económica del proceso:
Segunda instancia: La Corte de Apelaciones fijó un pago de $500.000 exclusivo para los trámites generados en el tribunal de alzada.
Primera instancia: El Juzgado de Garantía fijó 25 UF por abogado, totalizando 125 UF para las cinco defensas involucradas.
Con la última resolución del juez Franco Reyes Pozo se zanja definitivamente la arista económica y procesal ligada a las autoridades sobreseídas en esta querella criminal.