Un momento de inflexión legislativa y política marcó la agenda nacional tras la ratificación en el Senado de la llamada "Megarreforma" —oficialmente denominada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social—, iniciativa despachada por 27 votos a favor y 22 en contra tras cuatro meses de debate parlamentario.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, valoró el resultado de la votación durante su intervención en el 30° Encuentro Empresarial de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), destacando que la norma permitirá movilizar recursos para la reconstrucción en comunas afectadas por catástrofes, como Penco en la Región del Biobío y diversos puntos de la Región de Valparaíso.
"Es un proyecto de reconstrucción que lanzamos en dos regiones, de manera descentralizada (...). Teníamos que tener el seguro de los recursos para la reconstrucción (...). Esta reforma abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo", aseveró el Mandatario en posterior cadena nacional dirigida a la ciudadanía.
En su alocución en red nacional, el Jefe de Estado vinculó la aprobación de la reforma a los recientes indicadores de actividad económica, resaltando el registro del Imacec de junio, que creció un 2,4% tras cinco meses de caídas consecutivas. Pese al dato, advirtió que "un mes no hace una tendencia" e instó a consolidar la atracción de capitales.
Asimismo, el Presidente enfatizó que la segunda etapa prioritaria de su administración se concentrará en las materias de orden público, migración y persecución del delito:
Diagnóstico de seguridad: Hizo referencia al promedio histórico de más de mil homicidios anuales, 218 mil robos violentos registrados el último año y alza de 300% en contrabando en la última década.
Plan operativo: Detalló el inicio de funciones del Ministerio de Seguridad Pública bajo tres ejes rectores: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional.
Agenda legislativa: Anunció la discusión de una batería de cerca de 30 proyectos de ley orientados a combatir organizaciones del crimen organizado transnacional.
Paralelamente, la tramitación continuó generando reacciones en el Congreso, donde el senador Rojo Edwards advirtió respecto de eventuales requerimientos al Tribunal Constitucional: "Vería con muy malos ojos que el TC se inmiscuyera en la definición de políticas públicas", manifestó.