La propuesta presentada por el Ejecutivo para crear una agencia especializada destinada a la administración y liquidación de bienes provenientes del crimen organizado fue recibida con valoraciones positivas entre abogados y especialistas del ámbito penal en Punta Arenas. La iniciativa busca optimizar el manejo de vehículos, inmuebles, embarcaciones y otros activos incautados, evitando que permanezcan años bajo custodia estatal perdiendo su valor o generando costos de mantención.

El abogado penalista Dagoberto Reinuava destacó el sentido de la iniciativa, aunque remarcó la importancia de resguardar el debido proceso y la distinción de las etapas procesales:

“Una cosa es la incautación de un bien durante una investigación y otra distinta es el comiso, que supone su pérdida definitiva. Por eso, esta agencia no puede transformar automáticamente un bien incautado en recursos para el Estado, sino que tendrá que actuar dentro de las decisiones que adopten los tribunales”, explicó Reinuava.

Asimismo, Reinuava enfatizó que la nueva entidad debe contar con una dirección estrictamente técnica, independiente de intereses políticos y con altos estándares de fiscalización y transparencia al administrar activos de elevado valor.

Asfixia financiera y reparación a las víctimas

Por su parte, el abogado Juan José Srdanovic calificó la medida como "correcta, necesaria y muy bien orientada desde el punto de vista de la política criminal", subrayando que el combate a las estructuras delictivas no se agota en la detención de sus miembros, sino en golpear el financiamiento que les permite operar y reorganizarse.

Srdanovic destacó además el destino que se le proyecta a los recursos obtenidos mediante la remate o liquidación de dichos activos:

• Fortalecimiento institucional: Financiamiento y equipamiento directo para Carabineros, la PDI y Gendarmería de Chile.

• Reparación a víctimas: Establecimiento de mecanismos de compensación a personas afectadas por las actividades ilícitas.

Debate sobre el secreto bancario

Respecto a la discusión paralela sobre el levantamiento del secreto bancario:

• Dagoberto Reinuava defendió que el acceso a la información financiera sensible de los ciudadanos debe mantener siempre el control y autorización previa de un juez.

• Juan José Srdanovic planteó la necesidad de agilizar los mecanismos de trazabilidad financiera para detectar rápidamente la "ruta del dinero", ubicar patrimonios ilícitos e identificar palos blancos o testferros.

Ambos profesionales concluyeron que el gran reto legislativo será dotar al Estado de herramientas eficientes contra el crimen organizado sin vulnerar las garantías del Estado de Derecho.