Si bien fue promulgada en febrero pasado, hoy inicia la puesta en marcha de la ley de seguridad municipal que define formalmente el rol preventivo y de ayuda a las policías en la prevención del delito. 

En paralelo, inició en el Congreso Nacional una “agenda corta” que busca incorporar una batería de indicaciones propuestas por la gran mayoría de municipios del país para que sea mejorada su implementación.

La iniciativa acogida por el Ejecutivo busca reforzar la coordinación entre el Gobierno central, los municipios y otras instituciones públicas. Asimismo, se fijó urgencia como plazo el próximo lunes 17 de agosto.

Principales aspectos
El eje central de la normativa es la creación de la figura de los inspectores de seguridad municipal que están facultados para retener o detener a personas sorprendidas en delitos flagrante, pero no pueden utilizar armas de fuego.

Se habla mucho que, para una buena implementación se debe invertir en nuevas tecnologías, contratación y capacitación del personal.

Ángel Roa, seremi de Gobierno comentó que “se está trabajando en una modificación que tiene que ver con la seguridad municipal permitiendo que puedan ocupar el 4% de sus ingresos y hasta el 20% con la autorización de la Subdere. Todo esto enfocado a que puedan tener los recursos necesarios para tener la tecnología que se necesita para enfrentar este tipo de desafíos”. 

Aprehensiones en comisión
Lo anterior fue abordado con preocupación en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de diputados, 
Eduardo Pastene, presidente de la confederación de funcionarios municipales cuestionó la falta de financiamiento para su implementación, de hecho, expuso la realidad de comunas magallánicas como Laguna Blanca, Timaukel, Primavera, San Gregorio y Torres del Paine y la eventual inversión en esta materia si se aprueba que deberán destinar el 4% de su presupuesto. “Cuando se habla del 4% o se habla del 20%, en ese cuadro (foto) tenemos las realidades de los diversos municipios del país”, dijo.

De la instancia también estuvo presente, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri quien expuso como preocupante esta situación y solicitó que sea analizado “el 4% de ingresos propios del año anterior para destinarlo a esta ley, las personas que serán contratadas”
Asimismo, expuso que estos recursos no serían suficientes para abordar los delitos que se cometen a diario en las 348 comunas del país. También que cada comuna debe tener un trato distinto por su nivel poblacional, las capitales regionales, o si recibe población flotant, e incluso si es una localidad rural,