Una jornada ordinaria de trabajo, que generalmente se inicia el día lunes, debe tener un día de descanso o más y no puede superar las 45 horas de trabajo semanales. Entonces, y lo más habitual, es que un magallánico trabaje de lunes a viernes 9 horas diarias. Con seguridad, en un futuro próximo, esta realidad será modificada. Pero, ¿Cuáles serán sus consecuencias? En el año 2017 se realizó en Sofofa un pequeño encuentro entre empresarios y colaboradores con el entonces candidato a la Presidencia de Chile, Sebastián Piñera. En dicha reunión, Piñera expuso su profunda preocupación respecto del futuro de los trabajadores. Basado en informes de prestigiosas consultoras, se proyectó la evolución del mercado laboral del país en un concierto de creciente digitalización y automatización de procesos, y sin que existiese una adecuada y radical adaptación de los trabajadores en los próximos años, la sustitución del trabajo era eminente lo que dejaría a millones de trabajadores sin empleo. De hecho, el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) plantea que un 53% de los empleos en Chile podrían desaparecer. Es por ello que en mayo el Gobierno presentó un proyecto de modernización laboral conducente a establecer una jornada mensual por trabajador de 180 horas distribuida semanalmente entre 4 a 6 días, compensación de horas extraordinarias con días adicionales de vacaciones, adaptar la jornada laboral en periodos de vacaciones familiares, entre otras flexibilizaciones que apuntan a promover la participación de jóvenes, mujeres y adultos mayores en el mercado laboral. Sin embargo, la diputada Camila Vallejos, astutamente reflotó una iniciativa presentada en marzo del 2017 la cual establece una jornada laboral de 40 horas semanales sin disminución de la remuneración del trabajador. Claramente hay una gran diferencia entre los dos proyectos. Por un lado, el Gobierno espera que la flexibilización permita la generación de 350.000 empleos, ya que la flexibilidad, entre otras cosas, permite que los mismos trabajadores adecuen sus tiempos para capacitarse y adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado. En cambio, el proyecto comunista apunta a destinar una hora más diaria al tiempo libre de las personas sin explicar el impacto en el nivel de empleo, esperanzado que la productividad se elevará. Por otro lado, el exministro de Hacienda del Gobierno de Michelle Bachelet Rodrigo Valdés, calculó que la baja de 45 a 40 horas sin cambios salariales “equivale a un aumento del 11% del costo laboral”. Asimismo, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, teme que este mayor costo se traduzca en “una pérdida de 177 mil puestos de trabajo” si es que dicha rebaja no se hiciera de forma gradual. En respuesta a esta situación, el Gobierno presentará una indicación para que la jornada semanal tenga una duración de 41 horas promedio. Comunicacionalmente, la propuesta de la diputada comunista ha resultado ser más atractiva para los trabajadores, mientras que el empresariado ya avisó que no apoyará ninguna de las actuales propuestas. En este ambiente de escaso dialogo de 41 horas versus 40 horas, se ha perdido el foco de lo relevante: ¿Cómo conciliamos la adaptación de los trabajadores a los desafíos de la era digital, creación de empleos, productividad, aumento de salarios y tiempo de ocio? Magallanes piensa, evidentemente, que una rígida disminución a 40 horas semanal no se hace cargo de los desafíos del mercado laboral y empleabilidad de los trabajadores, siendo pan para hoy y hambre para mañana.