La
educación pública de administración municipal, enfrenta no sólo la
incertidumbre por el posible retorno a clases presenciales en marzo,
sino que, además, se inicia en un clima de inestabilidad y precariedad
laboral para todo su personal, ante el inminente traspaso al nuevo
Servicio Local de Educación, el cual significará cesantía para los
profesionales de la educación, asistentes de la educación y trabajadores
de la Administración Central. El nuevo servicio contempla sólo
cuarenta y siete personas en su estamento administrativo, a nivel
regional. ¿Qué pasará con el resto?. Es que los bacheletistas
recalcitrantes no repararon en los costos que generaría un traspaso de
esta magnitud, por etapa, en la más absoluta improvisación, generando
un gran desorden, sin la debida institucionalidad, sistemas adecuados de
control y una normativa que regule este tránsito garantizando los
derechos adquiridos de los trabajadores.
Esta
es la consecuencia inmediata y directa de la improvisación y del afán
por terminar el pasado gobierno con la “misión cumplida” de
desmunicipalizar y “priorizar la educación pública”, proscribiendo el
lucro y la segregación, haciendo que todos los trabajadores adquieran de
paso la ansiada calidad de “funcionarios públicos”, por cierto en una
acepción tan amplia que no contempla beneficios, sino solo obligaciones.
En esto, asiste una responsabilidad transversal a los partidos
políticos y alcaldes de la época que aplaudieron a rabiar la nueva
institucionalidad, total tratándose de derribar la municipalización que
había dejado el General Pinochet, todo valía y adquiría sentido.
Las
consecuencias están a la vista en Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado.
Ahora los eternos defensores de la educación pública acusan
“irregularidades”, y que todo se debería a falta de control y
responsabilidad de sus directivos. Empero, para quienes conocemos el
sistema y sus orígenes, sabemos perfectamente que no se puede atribuir
el descalabro a “sus directivos y funcionarios”, sino que es el
resultado de una reforma fracasada, que no cambió en su esencia el
sistema de financiamiento, que creo servicios públicos sui-generis, que
en realidad son continuadores legales de los antiguos empleadores, esto
es de municipios y corporaciones, que arrastran el desfinanciamiento y
las secuelas de dotaciones artificiales, fuera de todo control, con
personal de apoyo y contrataciones no justificadas, ante una demanda que
decrecía año a año e incrementos de los gastos por beneficios
concedidos sin financiamiento adicional. O sea, la subvención se
transformó de ser un sistema de transferencias de fondos a un sistema
financiamiento afectado con continuos beneficios no compensados a los
distintos grupos de presión que, en aras de una educación de calidad
pidieron a rabiar sin cesar, mientras entre paro y protesta bajaba la
matrícula-
Este
gobierno no ha tenido la capacidad y disposición política de “evaluar”,
el desempeño de estas nuevas instituciones. Ahora, sabiamente, para
terminar de reventar lo que queda, se limita a aplicar la ley que legó
la Presidenta Bachelet, como ha señalado el Seremi de Educación, todo el
problema se trasladó a una mesa de trabajo, donde se analizará que “si
bien existen derechos adquiridos, no es para tanto, porque servicio
nuevo vida nueva”, y de paso se evitan los gastos y tribulaciones a la
Corporación Municipal de Educación, que no ha cesado en sus
denuncios,viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, sin
que hasta la fecha se le realice ninguna auditoría exhaustiva, ni
justifique sus dotaciones, en circunstancias que la demanda por
matrícula sigue a la baja y las contrataciones al alza. O sea, este
gobierno no ha cumplido, con aquella condición que se impuso
cuando era oposición, evaluar como funcionaría el nuevo sistema antes
de continuar con la desmunicipalización. Ahora, a pesar de los ejemplos
de Pudahuel, Cero Navia y Lo Prado, sigue adelante con el itinerario
que está en la ley, sin evaluación alguna y sin medir las consecuencias,
donde la consigna es una sola -a desmunicipalizar sin parar-, mejor aún
si ocurre en pandemia, sin clases y sin gremios movilizados.