Todos
recordamos la fotografía de un diario de circulación nacional con cerca
de 10 buses transportado electores a la comuna de Rio Verde. Lo cierto
es que el “acarreo” es un fenómeno ya permanente en las comunas rurales.
Comúnmente entendemos por acarreo a trasladar o facilitar la
concurrencia a las urnas de votación a personas desde puntos lejanos
(generalmente desde otras comunas). Hasta aquí no hay delito, a no ser
que el acarreo organizado pretenda incidir en el comportamiento
electoral de las personas.
Desde
el punto de vista de las personas que habitan el territorio hay una
constante queja con los “acarreos” ya que provocan que electores sin
residencia permanente en la comuna finalmente deciden quien conducirá el
gobierno municipal, ya sea de alcalde(sa) o concejal(a). De esta forma,
en muchas comunas rurales el padrón electoral presenta diferencias
notables con el número de residentes, duplicando o triplicando su valor,
provocando que sean electos aquellos candidatos(as) que tienen mayor
capacidad de movilización. Es otras palabras podrían quedar electos
aquellas candidaturas que tengan mayor capacidad financiera para
acarrear.
En
Magallanes la participación electoral rural en la presidencial,
parlamentaria y CORES de 2021 apenas alcanzó al 35%, Sin embargo, la
participación es mayor en las elecciones municipales, demostrado
claramente un mayor interés, siendo muy probable que la población
“acarreada” tenga una mayor influencia. Por tanto, cabe preguntar ¿las
personas acarreadas son parte de alguna práctica de clientelismo
político? Es decir, ¿hay favores políticos a cambio del voto? ¿de alguna
forma las candidaturas o los financistas están comprando votos? Si
llegara a ser así claramente estaríamos en presencia de un delito. La
compra deliberada del voto es un delito conocido como Cohecho, donde se
vulnera la libertad del individuo para ejercer el derecho a sufragio.
El
aumento de los padrones electorales en las comunas rurales, con un
delta cercano al 40%, nuevamente nos recuerda que tenemos tareas
pendientes para evitar la vulneración de la voluntad de los residentes
permanentes. La definición del domicilio electoral no asegura
residencia, de acuerdo al Servicio Electoral. El domicilio electoral,
legalmente, es aquel registrado por un elector o electora, aunque no
coincida con su lugar de residencia. De esta forma sólo se exige que el
elector tengo un vínculo objetivo, ya sea por ser reside habitual o
temporal, por ejercer su profesión u oficio o desarrollar sus estudios
en el domicilio declarado. Dicha definición es tan amplia que
lamentablemente permite que muchas personas encuentren una forma de
acreditar un domicilio electoral alterando la realidad, haciendo muy
difícil la tarea de demostrar datos falsos o un domicilio electoral
diferente de los permitidos. Seguramente si el domicilio electoral lo
vinculáramos a la posibilidad de postular y acceder a beneficios
sociales, podríamos desincentivar la mala práctica de inscribirse en
comunas donde no habitan.
Sin
duda hay candidaturas, partidos u organizaciones que tiene mayor
capacidad financiera, permitiéndoles disponer de medios para facilitar
el acarreo. Algo reprochable éticamente pero no ilegal. El acarreo de
origen es ilegal, aquel que hace que personas cambien su domicilio
electoral sin tener vinculo demostrable con el territorio, o aquel que a
cambio de favores o regalos busca alterar la voluntad electoral. Ese
tipo de conducta que distorsiona gravemente la voluntad ciudadana debe
ser investigada y sancionada en forma enérgica y severa. Lo que está en
juego no solamente tiene relación con alterar el resultado sobre qué
candidatura quedará electa, sino además está la capacidad de influir en
las decisiones sobre los proyectos de desarrollo social, ambiental y
económico de las comunas rurales, desde el sillón edilicio o desde el
cuerpo colegiado. Cuando gran parte de la seguridad agroalimentaria o la
industria energética se desarrolla en las comunas rurales, el acarreo
en estos territorios debe prender una luz de alerta ante la posibilidad
de que el dinero o el poder pretendan inmiscuirse en las decisiones de
desarrollo en espacios democráticos de decisión.