El pasado jueves la Cámara de Diputados desechó la acusación constitucional en contra del Presidente Piñera. Tras una extensa sesión los parlamentarios acogieron razones de forma para declararla como “no presentada”. Es decir, que no cumplía los requisitos. La decisión fue tomada por 79 votos a favor y 73 en contra, con el apoyo de parlamentarios democratacristianos y radicales.
La acusación buscaba establecer la responsabilidad del Presidente de la República ante las graves vulneraciones a los Derechos Humanos durante las manifestaciones desde el 18 de octubre, ya sea por acción u omisión, comprometiendo gravemente el honor de la Nación e infringiendo abiertamente la Constitución y las leyes.
Días previos a la votación, varios parlamentarios argumentaban que la acusación era innecesaria, poco oportuna e inviable. Cuando hay cientos de ojos mutilados, muertos, violaciones y otros vejámenes, por supuesto que es necesario evaluar la acción del Gobierno y una revisión de lo que no ha enmendado y porque lo oportuno se ha relacionado con la distracción de la agenda, pero la verdad es que el Gobierno ha dado pocas señales de avanzar en soluciones estructurales a las demandad sociales. Sobre la viabilidad, hay que reconocer que la acusación no iba a ser aprobada ya que si bien en la Cámara de Diputados se requerían 78 votos, los cuales tenía la oposición, pero en el Senado se requerían 29 votos, muy distantes de los 23 votos que podría alcanzar la oposición. Es decir se necesitaba que senadores de Chile Vamos votaran en contra de su Presidente. Por tanto, los diputados debían evaluar y analizar en profundidad los argumentos de la acusación, independiente del resultado ya conocido. De esta forma la votación de aquellos diputados DC y radicales no solo es irresponsable sino una traición a la causa de los Derechos Humanos. No evaluar el fondo de la acusación impide tomar las medidas correctivas para evitar más víctimas.
No hay duda que en el mandato del Presidente Piñera se han vulnerado gravemente los Derechos Humanos. Prueba de ello son los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas. Se suma a ello que el Senado aprobó la acusación Constitucional en contra del exministro del Interior Andrés Chadwick, responsable del Orden y la Seguridad Nacional. Sin embargo, diputados DC y Radicales no permitieron la discusión de fondo que permitiera evaluar las responsabilidades del Presidente. Mientras tanto el Presidente sigue en guerra contra los manifestantes, sigue amparando policías que utiliza arbitraria e indiscriminadamente armas no letales, constituyendo una violación grave de los Derechos Humanos y una vulneración al principio de proporcionalidad. Mientras tanto más heridos y mutilados. Pero la lucha sigue a pesar de la adversidad y el desamparo.