El
crecimiento de la economía es una condición indispensable para
disminuir las brechas de desigualdad y elevar el nivel de bienestar de
las personas y para lograrlo se requiere mantener altos niveles de
inversión y aumentos sostenidos en productividad.
En
nuestro país, la productividad ha tenido un estancamiento desde hace un
par de décadas y la inversión, por su parte, ha disminuido su
crecimiento de un 8,6% anual entre 2000 y 2010, a un 3,42% en la década
posterior. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que la inversión
extranjera directa en 2022 registró el monto más alto desde el 2014,
tendencia que se mantuvo el 2023.
Bajo
este prisma, existe consenso en que el sistema para la obtención de
permisos sectoriales se ha transformado en un obstáculo crítico para la
materialización de proyectos.
Hoy,
cualquier inversión debe obtener más de 380 autorizaciones emitidas por
37 servicios públicos, proceso caracterizado por la falta de coherencia
regulatoria, duplicación y superposición de autorizaciones,
evaluaciones excesivamente largas y plazos que no se cumplen, entre
otros. Tampoco existe una entidad responsable de aplicar una perspectiva
sistémica, con visión de largo plazo, que permita la mejora y
actualización regulatoria de las autorizaciones.
Por
ello, la ley que se tramita en el Congreso y que establece un nuevo
marco al otorgamiento de permisos sectoriales, ha generado expectativas
positivas en cuanto a la agilización y simplificación de los procesos de
obtención de los permisos que requieren los proyectos de inversión.
Esta ley tiene como objetivo principal reducir la burocracia y los
tiempos de espera que enfrentan las empresas cuando quieren llevar
adelante inversiones.
Una
de las principales novedades es la creación de una “ventanilla única”,
que permitirá a los solicitantes realizar los trámites para obtener
autorizaciones directamente, por lo que ya no será necesario acudir a
distintas instituciones. Además, se establecen plazos máximos para la
resolución de las solicitudes, lo que permitirá a las empresas tener
certeza sobre cuándo obtendrán una respuesta de la autoridad.
Este
nuevo sistema también contempla la eliminación de trámites innecesarios
y redundantes que solo complicaban el proceso y establece mecanismos de
coordinación entre las distintas entidades y organismos encargados de
otorgar los permisos sectoriales, con el objetivo de evitar duplicidades
o conflictos en la tramitación de las solicitudes.
En
resumen, el nuevo esquema en discusión representa un avance
significativo en la simplificación de los procesos de obtención de
autorizaciones para la realización de actividades económicas en el país.
El
desafío que queda planteado a la autoridad es evitar la generación de
trabas burocráticas, para lo cual parece fundamental garantizar la
transparencia, la coordinación interinstitucional, la simplificación de
requisitos y la fijación de plazos claros.
Con
medidas como estas, se podrá lograr un sistema eficiente y ágil, que
promueva la inversión e impulse la actividad económica y el
emprendimiento en nuestro país.