Durante
las últimas semanas, el Gobierno ha desplegado una intensa campaña para
atraer inversión extranjera. Sin embargo, al mismo tiempo, la coalición
de Gobierno se ha opuesto sistemáticamente al TPP-11, planea llevar una
reforma tributaria en plena crisis económica, y tampoco da las
garantías mínimas de orden público requeridas para cualquier actividad
económica y social.
¿Qué
les importará más a los inversionistas, el discurso del Gobierno o las
condiciones reales que le propone el país donde harán su inversión? A
diferencia de algunos votantes, a los inversionistas no se los convence
con retórica. En realidad, atraer la inversión es un proceso mucho menos
“sexy” que los discursos grandilocuentes. Requiere de estabilidad
política, reglas claras, y sobre todo confianza en las instituciones, la
cual cuesta mucho construir, pero muy poco perder. Y el Gobierno está
destruyendo a pasos agigantados lo que nuestro país se demoró décadas en
construir.
¿Por
qué es tan importante la inversión? Porque la inyección de capital
genera trabajo, no sólo respecto de la empresa que invierte, sino por
todos los servicios asociados que requiere dicha empresa. Por otro lado,
las empresas pagan impuestos, que se pueden utilizar para atender
demandas sociales. Por último, muchas empresas tecnológicas, como
Amazon, traspasan conocimiento en innovación, desarrollo y tecnología
del que hoy carecemos.
Para
invertir, un inversionista necesita tener certeza de que un país tiene
reglas claras y permanentes que le hagan posible saber qué va a pasar
con su inversión en el futuro. Esto ocurre no solo con los grandes
capitales, sino que también con las personas. De hecho, pocos estarían
dispuestos a comprar un terreno si este puede ser tomado ilegalmente, y
no existen reglas que permitan recuperarlo o estas sean inefectivas. Y
es justamente esta certeza y estabilidad, de la cual nos jactábamos
hasta hace poco, lo que se está perdiendo Chile. Un ejemplo de cómo
espantar la inversión se dio en Magallanes, donde la empresa HIF y Enel,
encargadas de uno de los proyectos de hidrógeno verde en la región,
retiraron el estudio de impacto ambiental del proyecto de energía eólica
(US $500 millones), acusando “exigencias excepcionales” que “hacen
inviables proyectos de este tipo en la región” ¿Le interesarán a HIF y
Enel las palabras del Gobierno o lo que hagan sus autoridades en materia
medio ambiental? A Amazon, que está pronta a instalar un Data Center en
la capital ¿Le interesará más que el Gobierno diga que fomentará la
inversión o que un grupo anarquista haya quemado 5 camiones, amenazando a
dicha empresa con sabotaje y ataques si concretan el proyecto?
Pero
quizás lo que mejor refleja la política económica del Gobierno es la
forma en que ha dilatado el TPP-11, un tratado de integración económica
plurilateral donde participan varios países, entre ellos Australia,
Canadá, Nueva Zelanda, Japón. El tratado permite a un país con poca
demanda interna como Chile salir a vender productos a otros mercados más
grandes, sin que estos sean severamente castigados por aranceles, entre
otros beneficios. El Gobierno le bajó el pulgar al tratado argumentando
que los mecanismos de solución de controversias terminarán beneficiando
a los inversionistas, cuando lo cierto es que estos mecanismos permiten
darles a los inversionistas la certeza que los gobiernos no otorgan. Lo
que no dice el Gobierno es que Chile ya tiene suscritos muchos tratados
donde este tipo de mecanismos es habitual. Una de las instancias más
utilizadas es el CIADI, donde Chile ha sido demandado en varias
ocasiones, habiendo perdido solo en una. Y como esto funciona para los
dos lados, en la actualidad Codelco tiene demandado a Ecuador en la
misma sede. En realidad, lo que hay detrás la negativa del Gobierno es
de carácter ideológico, y está basado en la vieja idea de que al dejar
entrar la inversión Chile pierde la oportunidad de producir por sí
mismo, idea que no solo no ha funcionado nunca en nuestro país, sino que
es contraria a la exitosa política económica que ha mantenido Chile
durante los últimos 30 años, la que pocos se atreverían a criticar
seriamente.
Así
las cosas, el Gobierno puede continuar su política económica basada en
ideología o fomentar decididamente la inversión. Pero no puede hacer las
dos cosas al mismo tiempo.