Hace unas semanas un parlamentario magallánico amenazó públicamente a este medio de comunicación e instó a sus adherentes, a través de la publicación de un número de teléfono celular privado,
a amedrentar por haber informado del error legislativo que cometió en
el tema del retiro del 10% para los jubilados de rentas vitalicias. Eso
no puede volver a ocurrir. Porque lo que él hizo y sus adherentes tiene
caracteres de delito, y eso él lo sabe muy bien. Uno
de los principios fundamentales que sustentan el sistema democrático es
la libertad de expresión, resguardada en la actual Constitución, pero
respecto de la cual, pese a su relevancia, no siempre se declara
explícitamente su importancia y necesidad de protección. Cualquier Carta
Magna debe garantizarla, porque sin la libertad de expresión no es
posible preservar otras libertades esenciales del ser humano. Este
derecho fundamental permite un diálogo social sin censura, donde es
posible expresar la diversidad de visiones, argumentaciones y opiniones,
a la vez que procurar el libre acceso a la información, mediante
procesos transparentes que permitan el debate público y la fiscalización
de la autoridad. Hoy hay países que no garantizan la libertad de
expresión y muchos periodistas son acallados. Muchas acciones gubernamentales
han ido coartando el acceso a la información y el derecho a la
expresión e información de la ciudadanía en distintas naciones.
Censuras, persecuciones y abusos.
En la última década hemos sido testigos a la distancia de que regímenes
que, pese a declararse democráticos, conculcan libertades como una
manera de perpetuarse en el poder imponiendo un discurso oficial. Por
eso es fundamental una aclaratoria al respecto en una nueva
Constitución, porque hemos visto en países vecinos cómo
se multiplican los intentos por implementar restricciones que coartan
el debate público, impidiendo una eficaz fiscalización del poder
político y, a la vez, contraviniendo los principios fundantes del
ordenamiento interamericano, al cual los países del continente declaran
adherir, como el respeto de los derechos humanos y, entre ellos, la
libertad de expresión como principio básico del sistema democrático.