Los
estudiosos se han puesto de acuerdo en que Internet nació el año 1969,
cuando Michel Elie, ingresó a la Universidad de California para
incorporarse al equipo conocido como ARPA, por las siglas en inglés de
la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de EE.UU, desde
donde pudo conectar un computador con otro ubicado en el Instituto de
Investigación de Stanford. Y como se dice, el resto es historia.
Desde
ese momento hasta hoy el desarrollo de Internet ha sido vertiginoso,
como también lo ha sido la tecnología en general y, más recientemente,
la que dice relación con la comunicación entre las personas gracias a
las redes sociales. Lo anterior ha significado que los humanos, como
nunca antes, estemos conectados de manera instantánea con cualquier
persona en cualquier lugar del mundo.
Se
trata de un cambio cultural definitorio de estos tiempos que ha traído
enormes beneficios, pero también nuevos problemas. Antes eran los
mayores quienes detentaban la autoridad y la sabiduría, mientras que los
más jóvenes aprendían de ellos. Hoy, la brecha digital que se ha
abierto entre las generaciones resulta casi insalvable, pero también nos
ha expuesto a una suerte de vida paralela donde existimos e
interactuamos con nuevos códigos.
Existe
suficiente evidencia sobre los problemas que ha ocasionado el mal uso
de las nuevas tecnologías, a veces con resultado de muerte en casos
extremos de “bulling” virtual o casos de “grooming” (acoso sexual a
menores), o bien de calumnias levantadas a través de las redes que nunca
son reparadas, como para entender que existían vacíos legales que
hacían imperioso legislar al respecto.
Debido
a esto es que, junto a un grupo de senadores, elaboramos el proyecto de
ley sobre Regulación de Plataformas Digitales. Su objetivo es entregar
un marco regulatorio para las plataformas digitales que operan en
nuestro país, bajo el principio que, al menos, todos los derechos que
rigen para cualquier persona en el mundo natural o real también apliquen
al plano digital. En este sentido, cabe señalar que el derecho a acceso
a Internet también está consagrado en el proyecto.
La
iniciativa contiene derechos y obligaciones a los agentes de las
plataformas digitales, el proveedor de esta y particularmente el
consumidor final quien, por su poca capacidad negociadora,
requiere de una protección especial. La idea no es limitar ni
restringir, pero sí garantizar espacios seguros en donde no se promuevan
valores o se incite a acciones que atenten contra la paz social.
En
consonancia con este proyecto, también tenemos en carpeta otra
iniciativa que va mucho más allá y que, de hecho, ha sido reconocida
internacionalmente como pionera. Se trata de la protección de los neuro
derechos.
Hoy
los algoritmos que utilizan las redes pueden, sin que siquiera lo
sepamos, incidir en nuestros pensamientos y creencias, alentando
conductas que de otra manera no tendríamos. La nueva realidad ya está
aquí y nuestra responsabilidad es generar los marcos legales para un uso
que propenda al bien común y no al contrario. Es en estos temas y en
muchos más, donde la vieja lógica de izquierda y derecha resulta tan
obsoleta como leyes que van detrás de significativos cambios sociales.