En
la consultoría de alta dirección y el diseño de modelos de gestión para
cumplir objetivos empresariales, se pueden encontrar aportes para
desarrollar una nueva propuesta constitucional que represente a los
chilenos y chilenas, aminore la incertidumbre y de claridad de mediano a
largo plazo al país.
Para
comenzar, y tal como se hace en una empresa, hay que establecer la
línea base e identificar brechas a mejorar. En la propuesta
constitucional rechazada se pueden observar tres grandes aprendizajes.
En
primer lugar, se mal interpretó el resultado del plebiscito de entrada,
en el que un 78% de los chilenos aprobó cambiar la Constitución, al
leerlo como sinónimo de que se quería una reforma profunda, maximalista y
con lógica refundacional. Muy por el contrario, y como lo muestran los
primeros hallazgos de la plataforma de participación y diálogo “Tenemos
que Hablar de Chile”, organizado por las universidades Católica y de
Chile, mientras las personas querían mejorar la salud, la educación, la
delincuencia y la inseguridad económica, el texto constitucional se
enfocó en la plurinacionalidad, género, medioambiente, que si bien
pueden tener relevancia en algunos sectores, no eran la prioridad para
la mayoría. No es trivial destacar que la gente utilizó el verbo mejorar
y no transformar, ni eliminar, lo que se relaciona con el deseo de
cambios incrementales y no disruptivos.
En
segundo lugar, tanto en la elección de los convencionales como en la
forma en que se articuló la discusión primó un desprecio por lo técnico,
los estudios y la experiencia. Por último, faltó una gobernanza
efectiva para gestionar la presentación de propuestas coherentes y
lograr construir acuerdos, lo que llevó a conclusiones que no
representaron a una mayoría.
Tal
como en el rediseño de un proceso crítico en la empresa, se debe
comenzar analizando e identificando fortalezas, debilidades y
oportunidades y considerar las mejores prácticas.
El
desafío de redactar una nueva constitución se puede pensar como una
cadena de valor, mapeando el proceso de principio a fin; identificando
etapas, plazos, responsables e indicadores de cumplimiento. Con
estándares de calidad, de coherencia y de factibilidad de
implementación, para luego lograr la adhesión política requerida, y
recién ahí avanzar a la siguiente etapa.
Se
debe contar con el aporte de expertos en los temas a discutir, que
entreguen propuestas técnicas robustas, coherentes y con medición de
impacto y riesgos, que luego sean debatidas y se construyan los acuerdos
políticos. Tal como lo hace el directorio de una empresa al contratar
consultores para que analicen los temas complejos, hagan propuestas,
previo a tomar una decisión gravitante en el quehacer del negocio.
Es
recomendable que los debates se den en un espacio protegido donde se
puedan dar argumentos, negociar y transar, para luego dar a conocer los
acuerdos con la debida transparencia. Hay decisiones técnicas que en el
corto plazo son impopulares pero necesarias, como por ejemplo que para
contener la inflación se suba la tasa de interés, afectando a quienes
tienen créditos.
En
relación a la gobernanza, la elaboración de la nueva constitución se
puede manejar como un megaproyecto, donde cada área tiene además de un
líder técnico y un gestor de proyecto que articula el proceso y se
preocupa que se cumplan los objetivos. Finalmente, desde el liderazgo,
el gobierno y los partidos políticos deberían proteger el proceso dando
garantías para que existan acuerdos transversales y el producto
resultante sea representativo y aporte al bien común.
Utilizando
buenas prácticas de gestión, es de esperar que este nuevo proceso le
otorgue a Chile, mayores certezas para retomar la ruta de crecimiento y
desarrollo y así lograr un mejor país para éstas y las futuras
generaciones.