¿Usted sabe en qué gastan el dinero de las asignaciones nuestros parlamentarios? ¿Corresponde o no destinar mayores recursos a los parlamentarios para que desarrollen su trabajo? Las asignaciones no son dineros que vayan a parar directamente al bolsillo de los parlamentarios -su dieta líquida máxima supera los 6 millones y medio de pesos-, sino un “apoyo económico” para que puedan desempeñar su labor legislativa, es decir, sirven para costear sus viajes desde y hacia sus circunscripciones, el sueldo de sus asesores, el arriendo de las sedes distritales, gastos en telefonía, además de alojamiento y transporte que requieran en función de su cargo. Actualmente, en Chile cada senador recibe en promedio casi 19 millones de pesos mensuales por concepto de asignaciones parlamentarias. Este monto se desglosa en más de $ 1.700.000 para traslados (excepto los representantes de la IV, VI y V Cordillera, que reciben casi $ 2.000.000); poco más de $ 7 millones como máximo para los gastos de funcionamiento de las oficinas en las circunscripciones y difusión y casi $ 3 millones para pagar asesorías legislativas. Además, cuentan con poco más de $ 2.300.000 como límite para las remuneraciones del personal, secretarios y asistentes, y casi $ 300 mil mensuales para gastos de teléfono. Lo preocupante es cuando los dineros que salen de los bolsillos de todos los chilenos son utilizados imprudentemente para cancelar a abogados que defienden a esos mismos senadores en causas personales y que no corresponden a su labor en favor de la comunidad.