Una
de las dificultades de la Convención es que tiene que llevar a cabo un
trabajo de alta complejidad técnica (redactar una nueva Constitución),
en circunstancias en que la mayoría de los constituyentes carece del
conocimiento necesario para aquello. Esto, que en principio podría ser
subsanado a través de la incorporación de expertos que orienten la
discusión y den forma a las ideas, también puede ser problemático. El
riesgo es que los constituyentes caigan en la tentación de pasar sus
opiniones personales por conocimiento técnico, tomando por sencillas
cuestiones de suyo complejas. Algo de esto hemos visto las últimas
semanas a propósito del proyecto de Reglamento de Comisión de Ética de
la Convención, donde existen normas difícilmente reconciliables con la
libertad de expresión, la cual es indispensable para el debate
democrático.
La
primera de estas normas tiene que ver con la sanción al negacionismo y
la deficiente definición del concepto. En concreto, el Reglamento indica
que se sancionará “toda acción u omisión que justifique, niegue o
minimice, haga apología o glorifique (…)” delitos ocurridos en
dictadura, la crisis social de 2019 o vinculados al conflicto con los
pueblos originarios. Los problemas son varios. Primero, la sanción del
negacionismo no está exenta de dificultades, ya que implica limitar la
libertad de expresión, lo cual es inconveniente en una instancia
política como la Convención, donde se debiesen discutir abiertamente
todos los temas. Luego, en caso de optar por una sanción, se esperaría
que las conductas penalizadas fuesen excepcionales y los requisitos más
bien exigentes (como ocurre en Alemania). Sin embargo, la norma hace
todo lo contrario. Es tan ambigua y vaga que probablemente afectará la
libertad de expresión. De hecho, la redacción hace posible que cualquier
opinión distinta a la de quienes redactaron la norma corra el riesgo de
ser sancionada por “minimizar” lo ocurrido. Aún más grave es el caso de
las opiniones relativas a las violaciones a DD.HH. en el contexto de la
crisis del 2019, ya que se trata de actos actualmente discutidos en
tribunales y no de hechos históricos incontrovertidos que puedan ser
negados. Pero quizás lo más absurdo es que la normativa castiga
“omisiones”, lo que implica que incluso el silencio respecto a
cualquiera de estos temas puede ser sancionado.
Lo
mismo ocurre con las sanciones contempladas en el Reglamento. Por
ejemplo, se establece como sanción la obligación del infractor de
participar en “un programa de formación” en el tema propio de la falta
(dictadura, pueblos originarios, etc.). A esto se suma una medida
disciplinaria que quita el derecho a voz a quienes sean sancionados.
Ambas sanciones son inadmisibles en una democracia, donde no puede
existir algo como el monopolio de la verdad y mucho menos la censura. De
hecho, las democracias se nutren de la disidencia y es así como
avanzan. El costo que hay que pagar es la existencia de malas ideas,
falsas premisas, mentiras y hasta la estupidez. Sin embargo, éstas deben
ser combatidas con argumentos y no mandando a leer o estudiar a quien
las esgrime, lo cual, además, probablemente es inútil. En otras
palabras, en democracia tenemos derecho no sólo a disentir, sino que a
estar equivocados. No aceptar esto es negar el concepto mismo de
libertad. Por lo demás, la alternativa es instalar una “verdad oficial” y
la obligación de seguirla. Esto se ha hecho y siempre ha terminado mal.
Todos
quienes queremos que el proceso constituyente salga bien debiésemos
estar preocupados por la audacia de los constituyentes de la Comisión de
Ética. La Convención no es solo una instancia de representación,
también conlleva un encargo, que es redactar una Constitución. Y
cualquier constitución moderna debiese cuidarse de tener estándares
democráticos e institucionales mínimos si quiere ser aprobada. Esto no
ocurrió con el referido reglamento, lo cual es un mal augurio para lo
que viene. Por lo mismo, ojalá la Convención enmiende el rumbo cuando el
Reglamento sea votado en el pleno. Asimismo, es de esperar que estas
ideas antidemocráticas no terminen primando en la Constitución, ya que
muchos de los votantes no estarán dispuestos a aprobar cualquier cosa en
el plebiscito de salida.