Al
menos 48 firmas de auditoría ambiental en el mundo han declarado como
sostenibles a cerca de 50 empresas de la industria de productos
forestales, pese a haber cometido prácticas relacionadas a la tala de
bosques indígenas y reservas protegidas, falsificación de permisos de
explotación e importación de productos forestales conseguidos
ilegalmente. Esa es la conclusión a la que llegó el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (reconocidos por
investigaciones como los Pandora y Panamá Papers) en una nueva
investigación periodística que realizaron durante más de nueve meses,
donde investigaron a las firmas que certifican las supuestas buenas
prácticas ambientales de las compañías madereras y agrícolas que operan
en los bosques. El equipo del ICIJ, conformado por más de 140
periodistas y 40 medios de 27 países -entre ellos Chile- examinó
registros de inspección, datos de violaciones ambientales y documentos
judiciales relacionados con empresas en al menos 50 países, y reveló que
entre las auditoras ambientales que habrían cometido malas prácticas,
están KPMG, SCS Global Services, SGS, Control Union, Tüv Rheinland e IBD
Certifications.
La
investigación del ICIJ también nombra a Chile, donde acusa que una
firma forestal japonesa obtuvo madera de proveedores que utilizaron
documentos que contenían información falsa sobre el origen de esta
materia prima. De acuerdo a la cuenta de Twitter de la fundación
periodística chilena sin fines de lucro “LaBot”, que forma parte del
grupo de investigación transfronterizo, próximamente se publicará, como
parte del reporte, un capítulo que aborda el caso específico de Chile
en torno a las certificaciones sustentables.
Una
de las principales causas que atribuye el estudio a estas prácticas, es
una desregulación de la industria de auditoría ambiental. “La auditoría
ambiental difiere de su contraparte altamente regulada, la auditoría
financiera tradicional, y se rige por muchas menos reglas y pautas”,
señala.
Dentro
de las organizaciones internacionales que entregan estos certificados
sostenibles a las compañías madereras, el reporte menciona a Forest
Stewardship Council (FSC) y el Programa para el Reconocimiento de la
Certificación Forestal (PEFC). Afirma que, en los últimos años, la
reputación de ambos se ha visto empañada por la falta de transparencia
en sus procesos de auditoría y certificación, escándalos que involucran a
clientes certificados, alegaciones de conflictos de intereses y falta
de supervisión de los auditores afiliados. La investigación alerta que
“a medida que más marcas se mostraron dispuestas a pagar por
certificaciones ecológicas, ambas organizaciones relajaron sus
estándares y el proceso se volvió menos efectivo”.
Además,
el grupo advierte que en esta temática falta una mayor participación de
los gobiernos para prevenir prácticas relacionadas al lavado verde de
imagen y que cuenten con mejores legislaciones para regular
adecuadamente la tala de bosques. La tarea entonces será impulsar desde
la comunidad y sus organizaciones la obligación hacia nuestras
autoridades para tener una regulación para prevenir estas malas
prácticas.