En
un país donde el 2% del territorio, concentra más del 40% de la
población y el 100% de dos de los tres poderes del Estado, las
prioridades del esfuerzo debieran llegar a la concreción de una real
autonomía regional. La lista de espera, a las demandas de la comunidad,
suele afectarnos fuertemente, en especial a Magallanes. Es como si a
propósito nos dejaran para el último, por ser esa perdida región apunto
de caer del mapa. Esto redunda en la poca capacidad de toma de
decisiones que se les otorga a nuestras propias autoridades. En la
mayoría de los casos nuestros intendentes, seremis y hasta los
gobernadores provinciales tienen que levantar el teléfono y esperar un
visto bueno desde Santiago. Eso nos retrasa demasiado. Más aún cuando se
trata de situaciones como la pandemia por Coronavirus. Hay que esperar,
siempre hay que esperar. Nuestras autoridades demanden mayor autonomía y
competencias para acometer la labor de atender la diversidad de
prioridades que se manifiestan a diario en una extensa región como lo es
Magallanes y Antártica Chilena. Esa demanda que, en ausencia de
coordinación entre autonomía y traspaso de competencias para ejercerla,
se mantiene a la espera de ser satisfecha. La descentralización
orientada al desarrollo de las regiones requiere actualmente en Chile,
un incremento del poder tanto de los gobiernos regionales como de los
actores sociales territoriales. En Chile hay una insuficiencia política y
democrática en los gobiernos regionales que limita la puesta en marcha
de una política de desarrollo. Esta insuficiencia se puede reconocer en
el problema de las competencias limitadas y en el déficit democráticos,
tiene una consecuencia de peso en la incapacidad de los gobiernos
regionales para generar procesos de integración social basados en la
configuración de una identidad territorial.