Con ocasión de la pandemia, el Congreso Nacional
aprobó una reforma cuyo propósito era establecer una excepción a una
prohibición constitucional muy relevante. Aquella que establecía que el
Banco Central, de manera alguna podía adquirir documentos financieros
del Estado, ni de sus organismos o empresas. La tramitación de esta
reforma, que autorizó al Instituto Emisor a acudir excepcionalmente a
políticas no convencionales, es útil para tomar una posición en el
debate que se generará sobre el futuro del Banco Central en la
Convención Constitucional.
Considerando
que la autonomía e independencia del Banco Central -consagrada a nivel
constitucional- es la principal causa del éxito de este organismo en el
control de la inflación, resulta conveniente identificar los riesgos que
directa o indirectamente pudieran afectar su eficacia.
Primero,
cabe señalar que -con ocasión de la referida reforma- diversos
parlamentarios promovieron que se autorice al ente emisor a comprar
papeles del Fisco en el mercado primario, situación compleja pues
abriría la puerta al nocivo financiamiento monetario de los déficits
fiscales (razón que explica la alta inflación que sufrió nuestro país en
el pasado).
Segundo,
es necesario advertir que es probable que se discuta respecto a los
objetivos de este órgano colegiado pues existen coaliciones políticas
que estiman conveniente que el mandato del Banco Central incluya también
el objetivo de maximizar el empleo y de facilitar la diversificación
productiva. Incluir nuevos objetivos, que pudieran resultar
incompatibles con su propósito fundamental, podría complejizar su labor.
Tercero, resulta útil recordar que algunos han anunciado como necesario que los consejeros
del Banco Central sean sujetos pasivos de la herramienta de la
acusación constitucional. Una equivocada reforma en tal sentido, que es
objeto de regulación constitucional, afectaría gravemente la autonomía
de los integrantes del Instituto Emisor.
Tales
antecedentes nos permiten afirmar que la autonomía de nuestro Banco
Central, reconocida por los expertos nacionales e internacionales como
uno de los pilares de nuestra solidez macroeconómica, no está
garantizada.
No
podemos olvidar que la inflación en nuestro país, durante el medio
siglo que precedió a la independencia de nuestro Banco Central, era
altísima (43% anual en promedio). Expertos como Rodrigo Valdés y Luis
Felipe Céspedes, por nombrar algunos, han reafirmado que la literatura
indica que la autonomía de los Bancos Centrales es indispensable para
mantener bajos niveles de inflación y para mejorar la credibilidad de la
política monetaria.
En
consecuencia, mi compromiso en la Convención Constitucional -en caso de
que los magallánicos así lo estimen conveniente- es resguardar y
fortalecer el rol que ha desempeñado el Banco Central en la estabilidad
de precios en nuestro país. El éxito que ha tenido en el control de la
inflación, ampliamente reconocido, exige valentía para defender el
diseño institucional del organismo que nos protege de este impuesto
ineficiente, regresivo y antidemocrático denominado inflación.
¡Comprometámonos para que el Banco Central siga siendo autónomo!