Sin
duda las palabras construyen realidades e influyen sobre la percepción.
Condonar significa, para toda persona, perdonar una deuda, y agregar
que la condonación sea universal implica por tanto que favorecerá a
todos los deudores. Buscar otra interpretación a la promesa de campaña
del presidente Boric es entrar en discusiones complejas relacionadas con
ética, credibilidad, ingenuidad, expertiz o responsabilidad. Lo cierto
es que se ganó una campaña presidencial con una promesa que difícilmente
podía cumplirse sin sacrificar el presupuesto de otros temas. Lo
anterior lamentablemente no contribuye a la búsqueda de soluciones a un
problema real que afecta a cientos de miles de compatriotas. Dicho de
otra forma, el CAE no es un tema sólo de una generación, de un gobierno o
del interés de un grupo de políticos, es un problema de Estado que nos
debe llevar a la búsqueda de una solución integral al modelo de
financiamiento universitario. A mi modo de ver abordar el problema tiene
2 aristas: el financiamiento universitario y los deudores. Solucionar
el financiamiento implica proponer una nueva forma de pago para
sustentar la educación superior pública. Solucionar el endeudamiento de
los egresados de la educación superior implica asumir la realidad
apremiante de muchos compatriotas.
El
anuncio de un próximo proyecto que aborde el CAE reabrió el debate
sobre lo apropiado o no de condonar las deudas de los estudiantes
universitarios. Sin embargo, el escenario es distinto, ya que hoy
quienes levantaron la reivindicación son los mandatarios que deben
proponer la solución y siendo Gobierno ya no es el único problema que
deben atender en una economía compleja y adversa (donde sólo después de
una larga y agobiante gestión se ha logrado tener resultados positivos).
Insistir en el perdonazo sería echar por tierra todo lo obrado hasta
ahora por el Gobierno, estabilizando las cuentas fiscales. El gobierno
debe asumir de cara a la ciudadanía y su electorado que la promesa de
Condonación Universal del CAE es imposible de cumplir, pero ello no
implica abandonar la problemática, ya que se propondrán medidas y
soluciones “en la medida de lo posible” (aunque les duela el alma). Sin
duda, un golpe duro al programa y al leitmotiv del Frente Amplio y
Partido Comunista, pero una demostración de responsabilidad fiscal
propia de los gobernantes. De esta forma, el gobierno intentará dar
solución, aunque sea parcial, a la problemática del endeudamiento
universitario, abortando la idea de condonación.
Un
proyecto en la medida de los posible significa que no habrá condonación
sino la búsqueda de soluciones que permitan, al menos, asumir la deuda
de forma más holgada a quienes estén en condiciones de pagar. Hay que
recordar que un porcentaje importante de deudores no terminó sus
estudios superiores y otros tanto, aun habiendo egresado, tiene bajos
ingresos, que les dificulta pagar su deuda. A ello debe sumarse que un
alto porcentaje de compatriotas presenta altos niveles de endeudamiento,
producto del quehacer diario (alimentación, salud, vivienda, consumos
básicos, etc.). Por tanto, hacernos cargo de buscar soluciones a las
deudas de los estudiantes con CAE y Fondo Solidario debe considerar el
rol de la educación superior en Chile, ya que muchos de ellos optaron
por este préstamo para poder superar brechas sociales y tener una mejor
calidad de vida. En este sentido, un proyecto de solución debe ser
realista y paulatino. Se debe distinguir morosidad de condición
socioeconómica. De esta forma, habiendo deudores que pudiendo pagar hoy
no lo hacen, por diversas razones, debe imperar un criterio de justicia,
considerando y respetando el porcentaje de deudores que si cumple sus
compromisos.
Por
el momento, sabemos que el Gobierno presentará en septiembre un
proyecto que abordará una nueva forma de financiamiento en la educación
superior y la deuda de los estudiantes. Quizás, y las expectativas así
lo obligan, se adelanten criterios en la cuenta pública, en respuesta a
la inquietud generada por el propio gobierno al anunciar el futuro
proyecto. Lo importante es que quienes puedan pagar lo hagan, pero a un
valor justo, que quienes no estén en condiciones de pagar no sean
perseguidos por la justicia y puedan asumir su deuda en otro momento,
que las universidades no terminen asumiendo la deuda comprometiendo su
propia economía, que existan criterios distintos entre los deudores que
egresaron y aquellos que desertaron. El proyecto debe tener solución
para todos los deudores, aunque los criterios sean distintos. Sobre
todo, se requiere un proyecto que avance hacia la educación gratuita
universal.