Sigo defendiendo que, a pesar de los acontecimientos de las últimas semanas, el Presidente Boric y su gobierno no constituyen una administración corrupta, de igual forma como lo hice con los gobiernos de la Concertación.
Lamentablemente, como en toda organización, muchas veces los intereses y
malas intenciones personales o de pequeños grupos vulneran la vocación y
proceder de la mayoría de un colectivo. Quizás esto fue lo que nunca
entendió el Frente Amplio y que los llevó a juzgar con rudeza acciones
del pasado, generalizando y condenando a otros partidos políticos. Como
se juzgó al PPD en las primarias presidenciales, podría ser igualmente
aplicable hoy con RD, pero, como en la vida, aún hay espacio para el
aprendizaje y arrepentimiento. Este episodio es una buena oportunidad
para bajarse del pedestal de la soberbia y arrogancia ética, pero no
para renunciar al rechazo y condena a los actos de corrupción, caiga
quien caiga.
El Presidente
Boric ha dado señales concretas en torno a erradicar desde su gobierno
este indicio de corrupción. Se ha pedido la renuncia del seremi
involucrado y de la subsecretaria de la cartera, se están investigado
todos los antecedentes y la diputada oficialista esta al menos “en
capilla”. El presidente fue enfático en plantear que no pondrá las manos
al fuego por nadie y se buscarán los responsables de esta forma de
corrupción caiga quien caiga. Sin embargo, su mal entendida lealtad con
ese círculo cercano de amistad una vez más lo traiciona y al poco andar
termina poniéndole ropa al seremi del Maule, más tarde sumariado por el
ministro Montes, por eventual conflicto de interés en la asignación de
fondos. El presidente o quienes lo asesoraron en el apoyo al seremi del
Maule han expuesto y puesto en primera fila de la polémica a la
institución presidencial, arriesgando de paso el único capital político
que sustenta a Apruebo Dignidad y el Gobierno, la figura del ciudadano
Gabriel Boríc.
El
Gobierno ha dado por cerrada la responsabilidad política con la salida
de la subsecretaria; sin embargo, la UDI apunta al ministro Montes. Sin
duda la responsabilidad política siempre será de la autoridad superior y
en ese sentido el ministro Montes es quien debe velar por lo que suceda
dentro de su cartera. En este caso en particular, lo sucedido hasta
ahora amerita el respaldo del Presidente
hacia Montes, ya que los involucrados pertenecen a RD, partido del
círculo más cercano de apoyo del gobierno. Por lo demás el político
Montes siempre ha sido un hombre probo y confiable, por tanto, se espera
que su actuar en este caso sea eficaz, rápido y transparente y
seguramente por ello será evaluado. Hacer pagar al ministro Montes no
sólo sería injusto, sino además produciría un conflicto de grandes
proporciones con el PS, especialmente con sus parlamentarios. Por otro
lado, todo podría cambiar si se demuestra que este tipo de desvíos de
dineros públicos es un hecho generalizado dentro de su cartera.
El el Gobierno
anunció la comisión sobre probidad e integridad, con la cual retoma e
insiste en la postura de caiga quien caiga, dándole contenido, metas y
plazos, en un contexto institucional. El ministro Elizalde será quien
estará a cargo por parte del gobierno de articular la agenda de probidad
y participará en la comisión que deberá en un plazo de 45 días entregar
un procedimiento democrático y trasparente a los traspasos de recursos
públicos desde el Estado a las fundaciones. El Presidente
intenta a través de una comisión integrada por personas idóneas y de
prestigio dar una solución institucional a este foco de corrupción como
una forma de evitar el mal uso de fondos del Estado y dejar fuera de
cuestionamiento a instituciones privadas (sin fines de lucro) que
ejecutan con abnegación y eficiencia la gestión pública (bajo un sistema
subsidiario).