Hoy
continuaremos el tema de la semana pasada, sobre el organismo autónomo
denominado Ministerio Público o Fiscalía. Sin lugar a duda, después de
más 20 años de su implementación y a la luz del proceso constitucional,
se hace necesaria una evaluación para mejorar su estructura y nivel de
actuación.
Por
un lado, la percepción y evaluación de la ciudadanía es más bien baja.
Por otro, en el ambiente académico encontramos una visión crítica, que
se expresa fundamentalmente en la pregunta ¿Quién fiscaliza a los
Fiscales? Esto lleva a evaluar su existencia y su autonomía.
El
hecho que todas las instituciones puedan ser objeto de análisis y
crítica es sano tanto para el equilibrio de la democracia como para la
institucionalidad en general. Esto, en ningún caso disminuye la
autonomía de un organismo. Por el contrario, se busca perfeccionar sus
actuaciones, más aún de una institución tan necesaria que debe gozar de
prestigio y credibilidad. Por lo tanto -sin perder autonomía- sería
prudente establecer controles externos que permitan, a nivel interno,
mayor eficiencia y, a nivel externo, mayor confianza por parte de la
ciudadanía en sus instituciones.
También,
se requiere estudiar seriamente los actuales mecanismos de nombramiento
tanto del Fiscal Nacional, como de los Fiscales Regionales. Así mismo,
implementar una especie de gobierno corporativo basado en una autoridad
colegiada que despersonalice la institución y modernice su estructura
jerárquica.
Además,
se debe implementar el mecanismo de la acusación constitucional para el
Fiscal nacional y los fiscales regionales. Actualmente, existe un
procedimiento judicial ante la Corte Suprema. Si otras instituciones de
similar génesis de sus miembros son objeto de acusación constitucional,
siguiendo el criterio en el cual donde existe igual razón, debe existir
igual disposición, se puede concluir entonces que dado el mecanismo
usado para su designación como así mismo las altas funciones que cumple
el Fiscal Nacional, haría razonable establecer un mecanismo para hacer
efectiva la responsabilidad política que le cabe en el desempeño de su
cargo.
En
cuanto al período de duración de sus miembros, también debe
reconsiderarse debido a que los actuales 8 años son objetivamente
excesivos. Es necesario que los órganos autónomos sean evaluados
periódicamente para mejorar su desempeño, salvaguardando siempre
contrapesos y controles eficaces.
En
este análisis de órganos autónomos, cabe mencionar a la Contraloría
General de la República. Resulta esencial que en un estado moderno,
exista un control riguroso, que resulte efectivo sobre la administración
y ejecución financiera. Junto con ello, un sistema de cuentas públicas
donde su fiscalización y control se basen en una actividad sistemática y
permanente, que sea llevada adelante por un ente autónomo del poder
político, especialmente independiente del Poder Ejecutivo. Por esto,
sería conveniente despersonalizar la Contraloría con una autoridad
colegiada, elevando también su estándar de rendición de cuenta y
exigiendo mayor celeridad en sus procesos.
En
conclusión, tanto el Ministerio Público como la Contraloría, ameritan
un proceso de revisión cuidadosa para un mayor perfeccionamiento de sus
funciones. Son grandes instituciones nacionales que debemos cuidar,
proteger y modernizar a través de mecanismos que salvaguarden su misión.