Uno
de los aspectos importantes en una nueva constitución, será con toda
seguridad nuestra organización territorial interna y el tema de gobierno
interior. Nuestro país, en la Constitucional de 1980 con fines
políticos y administrativos estableció expresamente un Estado unitario,
con una administración funcional y territorialmente descentralizada o
desconcentrada. Además, señalaba que los órganos del Estado deben
promover el fortalecimiento de la regionalización, junto con un
desarrollo equitativo y solidario de las regiones. En general, de todo
el territorio nacional.
En
la realidad, vivimos el más clásico ejemplo de un Estado unitario
centralista con una aparente descentralización, donde todas las
decisiones se toman en la capital – Santiago-. Pero esto no es solo
culpa de la Constitución del 80, sino que es una cultura y convicción
que viene desde nuestros inicios como república, que consideraba la
centralización como la única forma eficiente de administrar el
territorio. Solo por citar un antecedente, el Ensayo de Leyes Federales
de 1826, duró menos que un suspiro y casi todos los historiadores,
intelectuales y políticos nacionales, se han dedicado casi dos siglos a
desprestigiar el sistema y a su impulsor Ramón Freire Serrano
(1727-1851), que recientemente por la historiografía ha pasado a ser
considerado uno de los más importantes defensores en nuestra historia de
los intereses regionales de las provincias frente al centralismo.
Quizás sea una de las razones también por la que no tiene un monumento,
salvo un misérrimo busto perdido en una plaza de una ciudad del sur de
nuestro país.
En
pleno siglo XXI, con casi 211 años de vida, “venís tempus” -llegó la
hora- que propongamos una nueva forma de organización, debido a que la
regionalización se traduce a territorios bien dibujados en los mapas del
Instituto Geográfico Militar, que corresponden más bien a unidades
territoriales de carácter económico, que a unidades culturales. Que no
han logrado el esperado desarrollo equitativo y solidario de las
regiones, como mandata la actual Constitución.
En
una nueva constitución -para lograr un verdadero desarrollo de nuestros
territorios – es imperativo – que abordemos con profundidad nuestra
organización territorial. Entre el Estado unitario clásico actual y el
federalismo, hay caminos intermedios que -a mi juicio- recogen lo mejor
de uno y otro sistema.
Por
lo tanto, considero como la mejor decisión para la región de Magallanes
y todas las del país, la implementación un Estado Regionalizado, que
sea producto de una “división vertical del poder”, donde el centralismo
se despoje de poder político y administrativo. Guardando para sí
decisiones en temas fundamentales, como Relaciones Internacionales,
Defensa y Justicia en una primera etapa, entre otros.
En
una nueva Constitución, Chile debe propender a que todas las
autoridades regionales sean elegidas, con cuerpos colegiados como un
Consejo Regional, con representación proporcional de los territorios y
una asamblea regional, también representativa, que tenga como misión
realizar propuestas al Consejo Regional y este a su vez tenga la
capacidad dentro del marco de la Constitución de proponer iniciativas
legislativas al Congreso Nacional, que vayan en beneficio de la Región.
Solo entonces podremos hablar de Regionalización.