Octubre
fue designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el mes
de la sensibilización del cáncer de mamas, como una forma de promover
el autocuidado de las mujeres respecto a este tipo de enfermedad que,
cada vez con mayor frecuencia, está afectando a mujeres más jóvenes.
Pero, además, también se están generando más casos de cáncer más
agresivos, como la variante triple negativo.
Según
las cifras que se manejan, una de cada nueve mujeres chilenas será
afectada por algún tipo de cáncer de mama. Y si bien hemos avanzado en
las medidas de autocuidado, aún son muchas las mujeres que no se
realizan una mamografía -idealmente una vez por año-, ya sea por
desidia, miedo al examen o porque no cuentan con los recursos o viven en
lugares apartados donde aun no existen mamógrafos. Avanzar en este
sentido es responsabilidad de todos y todas.
La
pandemia del Coronavirus tampoco ha ayudado a que la situación mejore
ya que, como he señalado en esta misma tribuna, muchas atenciones,
tratamientos y diagnósticos se vieron interrumpidos o retrasados con el
consiguiente efecto negativo que esto produce. En el caso del cáncer de
mama, el atraso en espera para recibir atención pasó de 31,8 días en
marzo de 2020 a 56 días en junio de este año.
Desde
el año 2014 existe una ley, de la que soy una de las autoras, que
permite que las mujeres y hombres mayores de cuarenta y cincuenta años
respectivamente, dispongan de medio día libre al año para hacerse
exámenes de mama y próstata, así como otros exámenes preventivos. Esta
semana, avanzamos en una nueva normativa que extiende este beneficio a
todas las trabajadoras y trabajadores sin distinguir la edad. Prevenir
siempre será mejor que curar, y también más barato.
Nuestra
Ley Nacional del Cáncer también considera en su contenido fomentar la
prevención y, sin duda, ha significado un gran avance en cuanto a la
manera correcta de abordar la enfermedad. Sin embargo, es preocupante
ver la desidia del Estado y, particularmente del Minsal, en cuanto a su
efectiva implementación. La Ley fue publicada el 2 de septiembre de 2020
en el Diario Oficial y desde entonces hemos venido luchando junto a las
agrupaciones de pacientes para que entreguen los recursos
comprometidos.
La
normativa contempla la creación de un Registro Nacional del Cáncer,
elemento clave para tener un mapa epidemiológico de la enfermedad que
permita hacer un uso inteligente de los recursos, el cual fue dotado con
los recursos necesarios (237 millones de pesos para la implementación y
55 millones anuales para su funcionamiento). Hasta ahora, no tenemos
registro funcionando!
Por
otra parte, de los $60 mil millones asignados para tratamientos que no
están contemplados ni en el Auge ni en la Ley Ricarte Soto, muy poco de
esos recursos han sido ejecutados, pese a que existe una enorme cantidad
de pacientes que requieren financiar los medicamentos que les ayuden a
sanar el cáncer, prolongar su vida, o atenuar su dolor en la etapa
terminal. Cuántas mujeres con cáncer de mama que hoy no saben cómo
financiar sus tratamientos (cuando tienen indicación médica y estos no
se encuentran en la canasta con cobertura) podrían verse beneficiadas,
pero, de manera inexcusable, el Minsal no ha liberado esos recursos que
pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.
En
el mes de la sensibilización del cáncer de mama reiteramos el llamado
de urgencia. Así como se ha hecho para enfrentar la pandemia, el
objetivo es el mismo. No se puede perder más tiempo, ni seguir
dilatando de manera inexplicable la entrega de los recursos que
permitirían SALVAR VIDAS. No queremos más mujeres jóvenes que siguen
haciendo rifas y completadas para juntar dinero, o judicializando sus
casos como medida extrema y contra el tiempo. Que la indolencia
burocrática no le gane al dolor de las personas con cáncer.