Chile
tiene múltiples desafíos en materia de infraestructura y uno de ellos
es que las instituciones públicas que cuentan con recursos destinados a
llevar adelante las grandes obras que el país necesita, puedan ejecutar
de manera eficiente ese presupuesto.
El
“Reporte de infraestructura, ejecución de presupuestos 2006-2023”
entregado en julio de este año por el Consejo de Políticas de
Infraestructura (CPI) analiza en detalle la materialización efectiva de
inversión pública del gobierno, como la realizada por los ministerios de
Obras Públicas, Vivienda, Interior, Educación y Salud. El análisis
considera los subtítulos de la “Adquisición de activos no financieros”;
“Iniciativas de inversión” y “Transferencias de capital”.
Uno
de los resultados más relevantes indica que durante las últimas cuatro
administraciones han aumentado los recursos disponibles para la
inversión de manera progresiva.
Sin
embargo, el informe advierte que la capacidad de inversión de las
agencias ejecutoras ha aumentado más lentamente que los montos asignados
para tal efecto. En los últimos cuatro períodos presupuestarios, la
ejecución ha estado por debajo del 90% de la asignación para inversión.
En tanto, la ejecución anual de la Ley de Presupuestos -en los
subtítulos mencionados- alcanzó en 2023 a un 83,7% y en 2022 a 89,3%.
De
esta forma, uno de los retos este año es elevar el nivel de ejecución,
tal como lo han planteado algunas autoridades. En esa línea, la ministra
de Obras Públicas anunció en su último reporte al Congreso que durante
el primer semestre se alcanzó un 41% de ejecución, récord para ese
ministerio.
Por
eso, un aspecto relevante que deben considerar las carteras se refiere a
contar con profesionales idóneos que puedan agilizar estos procesos a
la hora de evaluar proyectos de inversión. Vemos que unidades clave
dentro del Estado -como es el caso de la Dirección General de
Concesiones del MOP-, tiene menos funcionarios de los que debería,
aunque es una entidad que debe analizar y definir proyectos de alto
interés en los más diversos ámbitos.
En
nuestro país resulta urgente materializar los proyectos de
infraestructura en distintas áreas como los recursos hídricos -donde se
debe avanzar en una estrategia a nivel nacional-, y diseñar obras de
pequeña, mediana y gran escala en las regiones. Al mismo tiempo, la
reactivación de la economía requiere que los sectores productivos
cuenten con infraestructura logística y estratégica adecuada como
puertos, autopistas y conectividad.
Nuestras
ciudades demandan inversiones para transformarse en espacios
resilientes ante riesgos -por ejemplo, los que genera el cambio
climático-, y también se debe considerar la construcción de viviendas y
servicios ante el déficit existente.
Resulta
apremiante que la capacidad de ejecución de los presupuestos del Estado
ayude a llevar adelante planes y programas de infraestructura para que
el país crezca. Vemos que muchas veces los privados van más rápido en
diversos ámbitos, pero el objetivo es que la combinación de experiencia
del Estado y creatividad de las empresas propicien un clima virtuoso en
favor de las comunidades.