Es imposible escribir esta columna sin un sentimiento de rabia, de pena, de impotencia. Porque lo del viernes no es un hecho aislado y se suma a una serie de actos relacionados con represión, violencia desmedida, tortura, vejámenes sexuales y uso indiscriminado de armas no letales, entre otros. A pocas semanas de un aniversario del levantamiento popular del 18 de octubre, un atentado a un menor de 16 años nos recuerda tristemente que nada ha cambiado. El viernes 2 de octubre, en el marco de manifestaciones en Plaza de la Dignidad, un joven es arrojado al río desde el Puente Pío Nono. Ante un acto brutal Carabineros opta por desentenderse, no prestar ayuda oportuna y posteriormente negar los hechos. Historia repetida. No bastaron los muertos, los vulnerados sexualmente, los mutilados, los torturados. Su actuar desmedido nos hace pensar que Carabineros actúa como si estuviera en guerra contra los manifestantes.
El gobierno mira al techo y no interviene a pesar de existir varios informes que, con distintas autorías, coinciden en que Carabineros ha actuado en forma reiterada con excesiva violencia y ha realizado represión desmedida en contra de ciudadanos que se manifiestan pacíficamente en las ciudades del país. Los Carabineros se mandan solos, como alguna vez escribió Mónica González, y todo evidencia que el Gobierno opta por respaldar la promesa de defensa y protección del general Rozas a sus dirigidos en medio de las manifestaciones ciudadanas del año pasado. Finalmente es Piñera quien instruye la ideología “al frente tenemos un enemigo poderoso, cruel e implacable”. El Gobierno sigue en guerra y los Carabineros siguen actuando con ese mandato.
El Gobierno debe asumir su responsabilidad y debe en forma inmediata dar señales que garanticen el cese de la represión, generar las acciones para investigar y aclarar todas las violaciones de DDHH, e iniciar una reforma profunda a la Institución de Carabineros. De igual forma, es indispensable asumir las responsabilidades de los hechos reiterados de violencia institucional durante la gestión del general Rozas, por lo cual su continuidad es impresentable y su renuncia inmediata es un mínimo exigible. En esa misma línea, el ministro Pérez debe dar claras señales de repudio frente conductas inaceptables de la institución que está bajo su dependencia y asumir las responsabilidades que le corresponden.
Se hace urgente revisar la función y doctrina formativa de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Los Carabineros de Fuerzas Especiales no deben ser formados como comandos de guerra que ven enemigos en compatriotas. Los programas de formación deben tener un enfoque de derechos humanos y con claridad en el objetivo de su acción que es el control de civiles. De igual forma, es necesario la reformulación de protocolos que establezcan procedimientos de acción frente a manifestaciones ciudadanas, como así mismo los mecanismos de control internos y externos que regulen su actuar.
Mientras tanto, como cuestionaba el colectivo Las Tesis, ¿podrá dormir tranquila la niña inocente?