La diputada Catalina
Pérez, nació en Suecia, uno de los países con gran reputación en
probidad mundial, posteriormente la diputada, completó el resto de su
vida personal, educacional y política en nuestro país, quizás muchos
pensaron que traería también las buenas prácticas de los países
nórdicos.
Lo
que deseo exponer hoy, es el caso de Mona Sahlin, quien era la promesa
de la renovación política de Suecia. Con apenas 25 años, se había
convertido en la parlamentaria de menos edad, la más joven de la
historia de ese país. Al poco tiempo fue nombrada ministra del Trabajo
durante el gobierno del socialista Ingvar Carlsson, luego secretaria
general del partido y ministra de Igualdad Social. Su acenso político,
con un liderazgo indiscutido, fue acelerado y exponencial, por lo que, a
sus 37 años, ya se había convertido en la favorita para reemplazar a
Carlsson. Pero los planes de la joven promesa, no serían sobre un
terreno ascendente, vendría un quiebre y un accidente con secuelas.
En
octubre de 1995 Sahlin fue duramente cuestionada por comprar un
chocolate Toblerone y otros elementos genéricos para uso personal, con
la tarjeta de crédito fiscal otorgada por el Ministerio de Igualdad
Social. El caso tomó el nombre de “Toblerone affair”, esta situación no
solo afecto gravemente la carrera política de la funcionaria, la cual
debió renunciar a su cargo ante la presión mediática, también demostró
los altos estándares de probidad que el pueblo sueco exige de sus
autoridades, finalmente, después de un par de años, pudo volver al ruedo
de la política, logrando importantes cargos.
Lo
relevante de la situación, es que deja un ejemplo del nivel de probidad
de los países desarrollados, a los cuales tanto nos gusta pretender
igualar, con altos impuestos y derechos sociales garantizados, pero en
estos países, los impuestos no se malgastan de ninguna forma.
El ejemplo anterior tiene gran relevancia, para la sociedad civil, ya que el acceso a la información es primordial para
el combate a la corrupción de forma transversal e independiente del
gobierno de turno, esta importante acción se debe ejercer no solo desde
instituciones de control públicas, sino que también desde organizaciones
de la sociedad civil y hasta en simples personas que están en su hogar.
Cuando
quien financia el Estado, son las personas que pagan impuestos, como
dueño del dinero que somos, podemos fiscalizar todo, pero en nuestro
país se hace difícil, amparando las malas prácticas que crean partidas
de gastos reservados que administran por nuestros representantes, los
gastos en Defensa podrían ser reservados, pero si un parlamentario tiene
hambre, y se compra un chocolate, que sea de su sueldo, no que lo pague
yo. Para combatir el mal uso de los recursos, se debe seguir avanzando
en transparencia total de la información, cada documento en la mayoría
de los casos debería ser de público acceso, acorde a la legislación
vigente, como lo fue el caso sueco, como la cartola de la tarjeta de
crédito.