El
Presidente Gabriel Boric es el Presidente de todos los chilenos, no
solamente de quienes se identifican con la centro izquierda. De ahí que
resulta imperativo el respeto a la prescindencia política de cara al
Plebiscito de salida de 4 de septiembre.
Tras
denuncias de intervencionismo electoral ratificadas por la Contraloría
General de la República, que esta semana confirmó que el ministro de la
Segpres, Giorgio Jackson, “no se ajustó a la necesaria prescindencia”,
además de una causa abierta por la Fiscalía para investigar una presunta
malversación de caudales públicos contra el Gobierno, parece haber
amainado el ánimo de favorecer alguna de las opciones. Las apariciones
del Presidente Gabriel Boric como garante de la opción Apruebo,
disminuyeron, y el Ministro Jackson, se abrió a recibir propuestas para
continuar con el proceso constituyente, de manos de Xime Rincón y Matías
Walker, parlamentarios DC que apoyan el Rechazo.
Hicieron
lo correcto, pues el 5 de septiembre, independiente del resultado, este
Gobierno se encontrará con un país enormemente fracturado, dividido
políticamente, y serán ellos, junto al Congreso, quienes deberán
encausar la discusión constitucional que propicie la redacción de una
nueva Carta Magna, pero esta vez, bien hecha. Una que evite los vicios y
excesos de la propuesta que se Plebiscitará, una que plasme de manera
efectiva, los anhelos más sentidos de la ciudadanía en materias clave
como pensiones, salud, educación, equidad y cuidado al medio ambiente.
En
esa línea, y de triunfar el Rechazo, el Gobierno -donde es evidente que
conviven visiones moderadas, pero mayoritariamente radicalizadas- debe
entender que no puede imponer una visión sobre el mecanismo que deberá
retomar el trabajo constitucional, sino que este será fruto de un
acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y refrendado a su vez por
la ciudadanía.
Viendo
este contexto desde una mirada retrospectiva, es innegable que el
devenir de los acontecimientos demuestra un grave error de cálculo del
sector político gobernante, al no haber escuchado los anhelos de
chilenos al momento de redactar la Constitución, siendo evidente la
desidia o la incapacidad de los partidos oficialistas para conducir
eficazmente el proceso Constituyente, considerando además su
superioridad numérica.
Hoy,
al haber hecho entrega de un acuerdo de reformar prácticamente inviable
producto de los cerrojos y el veto indígena, reconocen que el texto
tiene importantes deficiencias
y que muchas de las críticas que hicimos durante la discusión, no eran
producto del manío slogan “fake news”, así como tampoco producto de una
campaña de desprestigio liderada por la prensa. Eran simplemente la
realidad.
Así,
en un momento en que Chile atraviesa por una triple incertidumbre
(política, económica y jurídica), es clave que el Gobierno actúe para
otorgar el mayor grado de seguridad de que el proceso Constituyente
continuará, esta vez, en coherencia con el sentir de los chilenos. En
ese sentido, hayanarse
a la idea probable de que triunfe la opción Rechazo, tendiendo a la vez
puentes con los sectores de la derecha y la centro izquierda, es
positivo.
Eso
sí, en pos de la certidumbre, es de esperar que los sectores radicales,
apartidistas y revanchistas que predominaron en la redacción de la
propuesta de Constitución que se plebiscitará próximamente, se esfuercen
por entender que su fugaz minuto ya pasó, y que ahora es la ciudadanía
la que tiene la palabra.